Por José Félix Lafaurie

No deja de sorprender la falta de coherencia del Gobierno en el manejo de las tensiones sociales. La protesta legítima ya no es válida, es inocua, no conduce a nada.

El Ejecutivo es experto en ceder al chantaje de los violentos. Las armas y el delito son los que capturan su atención para el trámite de los reclamos.

El Estado quedó hipotecado en La Habana. Las Farc lo saben y el Gobierno también. De ahí la negativa a establecer una mesa única para conjurar el paro agrario, so pretexto de que sería trasladar a Bogotá las negociaciones con las Farc en Cuba. Ahora no puede negar que es rehén de los diálogos.

Así las cosas, si el Gobierno es consciente que desde La Habana programaron paros escalonados de largo plazo ¿por qué no enfrenta el tema? Incluso, si tiene clara la infiltración guerrillera en la marcha cafetera, en Catatumbo y ahora en la agropecuaria ¿por qué en vez de traer la mesa de La Habana a Bogotá, no lleva los paros a Cuba y suspende la negociación, hasta que exista garantía de que en “la calle” están los productores arruinados y no los milicianos que propician los desórdenes?

Pero el Gobierno prefiere subestimar el malestar social y la protesta pacífica. Como no hay violencia no negocia. Causa escozor la conclusión del Presidente frente al paro agropecuario: “no ha sido de la magnitud que se esperaba”, menos en las regiones donde las guerrillas activaron las vías de hecho para debilitar políticamente al Gobierno.

En Pasto, por ejemplo, se prohibió el ingreso de los lecheros a la mesa de concertación con los indígenas, cuando ellos están atizando las refriegas. ¿Cuánto tiempo deben esperar los productores para que el Gobierno asuma la responsabilidad y dialogue con los actores legítimos?

El impacto del paro no se sentirá sólo en el campo y el bolsillo de los colombianos, sino en la economía. Es hora de remontar en el desastroso manejo de la crisis y habilitar un ejercicio democrático, para atender los reclamos legítimos, sobre la base de que la autoridad no es negociable.

El Ejecutivo está obligado a sincerar el diagnóstico, para atender problemas comunes a los subsectores y acabar con la arrogancia que discrimina en privado, pero en público esgrime un discurso demócrata y amplio.