Decenas de habitantes del corregimiento de San Roque, jurisdicción Curumaní, bloquearon la vía de la carretera central exigiendo la suspensión de las actividades que se realizan en la zona rural del corregimiento, cerca de la quebrada Simití. Aunque a las pocas retiraron el bloqueo, los manifestantes aseguraron que regresarían a las vías de hecho si no retiran la maquinaria.

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En contexto: en la vereda La Mocha desde hace varias semanas un grupo de operadores arreglan la vía por donde transitaría el material de arrastre que planean extraer del corregimiento de San Roque.

Desde el inicio, habitantes del corregimiento se han opuesto al proyecto señalando que afectaría negativamente al principal afluente hídrico del pueblo, la quebrada Simití. “Ellos quieren intervenir una cantera. Nosotros no podemos permitir que nos dañen las fuentes hídricas (Simití), como sucedió en Curumaní. ¿Sin agua hay vida? Nunca. El río no es territorio privado”, señaló Emilio Palomino, manifestante.

A la par de las disputas legales, líderes del corregimiento señalan que han sufrido amenazas. “En mi caso me llamaron supuestamente del ELN para que no meta las narices en ese tema porque iba a terminar mal”, agregó uno de los representantes.

La quebrada Simití es el principal afluente de San Roque. De allí se abastece el inconcluso acueducto del corregimiento. En realidad, la obra es casi un elefante blanco, o mole de cemento, como la llaman los habitantes, porque el agua no es tratada al cien por ciento.

Por tradición, San Roque es un territorio agrícola. Sin embargo, al igual que en la zona urbana de Curumaní y todo el centro del Cesar, empresarios han obtenido licencias legales para extraer material de arrastre cerca de los ríos.

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En este caso, bajo el título Kem 15151, empresarios lograron una licencia ambiental para extraer material de arrastre, durante cinco años, en la zona norte de San Roque.

Aunque desde un comienzo la comunidad se ha opuesto, el ingeniero Wilson López señaló que están actuando bajo la legalidad.

“Es falso que vamos a afectar alguna reserva o algún río. Nuestro trabajo está a 2.8 kilómetros del Simití. Nosotros tenemos toda la documentación: la licencian ambiental, el título de explotación, y todo lo que concierne a la extracción de material para la construcción de vías”, señaló el operador minero.

MESAS DE TRABAJO

Este mismo miércoles, representantes de la comunidad se reunieron con el alcalde de Curumaní, Henry Chacón, y funcionarios de la administración. En la reunión que se extendió por casi dos horas, las partes redactaron un acta donde se explicaban las razones de la oposición al proyecto. Igualmente, para el 12 de enero del 2021 quedó el compromiso de hacer una visita a la zona para verificar los trabajos que se están realizando.

“El día 22 de diciembre tuve la oportunidad de acompañar a la comunidad y les manifesté que nosotros respaldamos la protección de la quebrada Simití. Deben tener la tranquilidad porque nosotros respaldamos el interés general sobre el particular”, señaló Henry Chacón.

“La petición nuestra es que la maquinaria pare sus actividades hasta que no resolvamos esto por los medios legales. Si no llegamos a ningún acuerdo, nosotros nuevamente nos tomaremos la vía”, agregó un líder de la comunidad.

Ante la petición de los protestantes de suspender las actividades de construcción de la vía, Chacón insistió que son las autoridades ambientales las encargadas de tomar las decisiones.

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Por eso, cobra relevancia el papel de Corpocesar. Desde la entidad señalaron que se organizó un equipo de trabajo para realizar una inspección en la zona. Sin embargo, aclararon que los privados cuentan con la concesión y licencia ambiental, aunque deberán modificarla para “no impactar la fuente hídrica”. Agregaron que dicha licencia fue suspendida años atrás por una denuncia de explotación fuera del polígono.

“Tenemos los títulos aprobados por la Agencia Nacional de Minería. Esta operación no afecta ni pone en riesgo ninguna especie. Estamos construyendo una vía de 2,5 kilómetros. Hay unos arroyos, pero serán intervenidos y tendrán su respectivo anillo para que no haya afectación. Las ruedas de las volquetas no tocarán ningún cuerpo vivo naciente en la región”, concluyó el ingeniero operador.

Sumando que los empresarios privados cuentan con la licencia, como reconoció Corpocesar y se puede verificar en la Agencia Nacional de Minería, y que parte de la comunidad se opone al proyecto de extracción aduciendo que destruiría la quebrada Simití, seguramente las diferencias permanecerán y vendrán nuevas manifestaciones a menos que las partes lleguen a un acuerdo.

Por Deivis Caro/EL PILÓN.