La adjudicación del contrato para prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada en la Gobernación del Cesar y sus entes adscritos ha estado bajo cuestionamientos de algunas empresas.
En medio del proceso, que supera los 6.700 millones de pesos, varias empresas del sector han lanzado duros cuestionamientos contra la administración departamental, acusándola de diseñar exigencias desproporcionadas y regionalistas para favorecer a una empresa. Por su parte, el gobierno local se escuda en su autonomía para garantizar la idoneidad de un servicio que considera crítico.
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EL PILÓN conoció los documentos. El reclamo más fuerte provino de la empresa Amcovit Ltda, que calificó las exigencias de experiencia específica como un requisito tipo sastre que desborda la realidad de lo que se va a contratar.
