La adjudicación del contrato para prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada en la Gobernación del Cesar y sus entes adscritos ha estado bajo cuestionamientos de algunas empresas.
En medio del proceso, que supera los 6.700 millones de pesos, varias empresas del sector han lanzado duros cuestionamientos contra la administración departamental, acusándola de diseñar exigencias desproporcionadas y regionalistas para favorecer a una empresa. Por su parte, el gobierno local se escuda en su autonomía para garantizar la idoneidad de un servicio que considera crítico.
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EL PILÓN conoció los documentos. El reclamo más fuerte provino de la empresa Amcovit Ltda, que calificó las exigencias de experiencia específica como un requisito tipo sastre que desborda la realidad de lo que se va a contratar.
La firma cuestionó que el departamento exija certificar contratos donde se hayan manejado 250 personas o más, cuando la actual licitación solo requiere un total de 166 trabajadores.
Además, criticaron que se pida experiencia en 50 servicios móviles de 24 horas, una modalidad que no está contemplada en la ejecución de este proyecto. Ante estos señalamientos, la Secretaría General respondió que no buscan un contrato idéntico, sino medir la capacidad operativa y de infraestructura del contratista para manejar sedes institucionales complejas.
Los otros cuestionamientos
Otro punto de choque es el supuesto direccionamiento para favorecer a firmas locales. Tanto Amcovit como Seguridad Metrópolis protestaron por los altos puntajes otorgados a quienes tengan personal vinculado en la zona y exijan afiliación a la Caja de Compensación Familiar del Cesar.
Los oferentes argumentaron que esto es excluyente, viola el derecho a la igualdad y beneficia directamente a quienes ya operan en la región. La Gobernación desestimó las acusaciones aclarando que esto no es un requisito habilitante que impida participar, sino un factor de calificación diseñado para incentivar el empleo local y garantizar que los trabajadores tengan acceso inmediato a los servicios de bienestar social en el territorio.
El caso de los perfiles
La disputa también llegó a los perfiles profesionales. Las compañías pidieron flexibilizar las hojas de vida exigidas, sugiriendo, por ejemplo, que el coordinador del contrato pudiera ser un profesional en ciencias militares o derecho, y no cerrarlo tanto.
También pidieron que el líder del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo pudiera ser un profesional en salud ocupacional y no estrictamente un ingeniero industrial.
La administración departamental se mantuvo firme y negó estas peticiones, argumentando que las disciplinas elegidas son las únicas que garantizan las competencias exactas para la planeación y control operativo que exige el servicio.
En un extenso documento de respuestas, la administración solo cedió en detalles menores para la firma Interglobal Seguridad y Vigilancia Ltda y otras interesadas.
Aceptaron corregir un error de redacción en un curso, permitieron que las motocicletas de supervisión se demuestren mediante contratos de arrendamiento y no solo por propiedad, y avalaron que las credenciales de los vigilantes se presenten “en trámite” debido a las demoras actuales de la Superintendencia de Vigilancia. El corazón técnico y financiero del proceso quedó intacto.
¿En qué fase va el contrato?
Si el cronograma avanza sin contratiempos, la Gobernación del Cesar realizará la audiencia de adjudicación el próximo 13 de abril. Ese día se revelará el nombre de la firma ganadora, la cual deberá firmar de inmediato el documento legal y entregar las pólizas de garantía para iniciar oficialmente sus labores operativas.
