Los familiares de las personas fallecidas en el municipio de Aguachica, al sur del Cesar, se ven obligados a trasladar a sus seres queridos a Barrancabermeja y Chiriguaná debido a que la unidad básica del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses no cuenta con una infraestructura adecuada para continuar recibiendo cadáveres; además, presenta fallas en el suministro del agua y luz que no permiten la debida conservación de los fallecidos.

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Según Helmer Contreras, concejal del municipio de Aguachica, las familias que en su mayoría son de escasos recursos deben pagar $800.000 para que sus fallecidos sean trasladados a Barrancabermeja. Estando allí el cuerpo, la unidad básica del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de ese municipio les realiza la respectiva necropsia y tratamiento del cadáver para luego enviarlo a Aguachica para sus exequias o entierro.

“En Aguachica hay personas de muy bajos recursos que no tienen para el ataúd y ahora menos para  hacer el traslado a Barrancabermeja o Chiriguaná. La comunidad rechaza esta situación porque enterrar a un familiar es de por sí un proceso doloroso y a esto se le suma el costo para hacer la necropsia y el tratamiento del cuerpo es bastante alto”, manifestó Contreras.

El corporado aseveró que el cierre de Medicina Legal también afecta a los 10 municipios que dependen de Aguachica como lo son: Río de Oro, San Martín, González,  Gamarra, entre otros lugares que están ubicados a una distancia no mayor a 29 kilómetros.  Agregó que el mal estado de la unidad básica de esta institución es una problemática que atraviesa este municipio de  aproximadamente 140 mil habitantes desde hace más de diez años.

Camila Rojano, habitante de este municipio, manifestó que ve con “temor”  esta situación porque en su familia hay un integrante que se encuentra en delicado estado de salud y de llegar a “fallecer ni Dios lo quiera”, sus padres y ella no tendrían como pagar el traslado.

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“Es muy preocupante porque es mucho dinero el que hay que pagar. Me dicen que es entre $700.000 y $800.000 y sumado también ahora se le suma el costo del ataúd, las exequias y el entierro. Ahí se va más de un millón de pesos y nosotros no tenemos todo ese dinero. Apenas si conseguimos el diario para comer”, comentó Rojano. 

LA UNIDAD BÁSICA SE ‘DERRUMBA’

La unidad básica del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses está ubicada dentro del Cementerio Central de este municipio. A pesar de que se encuentra en los terrenos de sepultura, la comunidad que reside alrededor denunciaron que los malos olores producto de cuerpos que llegaban de otros municipios en estado putrefacción tenían “invadidas” las casas que colindan con el cementerio.

 “Desde que se comenzaron a practicar las necropsias se presentan problemas. La clase política de Aguachica no ha podido adecuar un terreno para construir una sede que cuente con los requisitos para recibir a los fallecidos. Es una infraestructura muy vieja de la que se queja la comunidad porque los olores eran demasiado fuertes”, manifestó Daynis Peláez, exconcejal de Aguachica.  

Agregó que la unidad básica no cuenta con una trampa de grasa (caja que tiene como objetivo interceptar grasas, jabones o espumas que estén presentes en el fluido para evitar que el suelo se contamine), por lo que los fluidos van directamente al alcantarillado municipal.

De acuerdo con una fuente ligada a dicha sede que prefirió omitir su nombre, el lugar contaba con una nevera de refrigeración de doble espacio para conservar dos cuerpos. A pesar de existir una sola nevera no hubo problemas relacionados con exceso de cadáveres.

Por otro lado, precisó que el cierre de esta unidad se debió a las malas  condiciones de la infraestructura que representaban un peligro tanto para los dos médicos forenses que realizaban labores allí, como para el mantenimiento de la bioseguridad de los cuerpos que llegaban a este recinto.

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Agregó que las fallas en el suministro del agua y la luz hacían “imposible” continuar trabajando bajo esas precarias condiciones que además afectaban a la zona residencial alrededor del cementerio porque diariamente se quejaban del olor de los cadáveres en descomposición que eran recibidos.

¿DÓNDE ESTÁ EL LUGAR IDÓNEO?

Al respecto del traslado de fallecidos al municipio de Barrancabermeja y Chiriguaná como también el cierre de de la sede de Medicina Legal,  el secretario de Planeación de Aguachica, Leonel Pallares, aseveró que las fallas en la infraestructura de la unidad básica es un problema que  ha tenido el municipio desde hace 15 años, según lo manifestado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Señaló que debido a la deficiente infraestructura de esta sede fue cerrada y los cuerpos de los fallecidos son trasladados a Barrancabermeja y Chiriguaná. Comentó que  por la incipiente necesidad de la población de una nueva sede el pasado 25 de enero se hizo un recorrido por el Hospital de Aguachica, ubicado en el barrio Idema, para revisar la posibilidad de instalar a Medicina Legal en un espacio que cumpla con todos los requisitos para operar.    

En este recorrido estuvo el alcalde de Aguachica, Robinson Manosalva; el secretario de Gobierno, Julio Larrota; el director Regional Nororiente del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Humberto Rueda; el asesor del Cuerpo Técnico de Investigación de CTI del Magdalena Medio, Wilson Jiménez; los médicos forenses y legal, Angie Saltarín y Carlos Murillo; y el enlace Territorial del Ministerio de Salud del Cesar, Luis Peña.

“Las personas el barrio Idema hicieron una huelga en señal de rechazo para que no se instale la morgue en el hospital porque generaría malos olores y afectaría el comercio de la zona. Al respecto, el director Regional Nororiente del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Humberto Rueda, afirmó que esto no sucederá porque cuentan con los elementos para operar de manera óptima sin perjudicar a la población”, manifestó el secretario de Planeación.

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Agregó que el sector Idema es uno de los posibles lugares para instalar la sede de Medicina Legal y que por el momento seguirán evaluando qué otros espacios podrían ser los idóneos para una nueva unidad. Por otro lado, la población espera que la construcción o adecuaciones de un nuevo recinto sean pronto porque el costo del traslado de sus fallecidos es demasiado alto y son pocas las familias que pueden costear este servicio.

Por: Namieh Baute Barrios / EL PILÓN