Hace tres años, en plena campaña presidencial, varios advertimos que las propuestas económicas del entonces candidato Gustavo Petro estaban construidas sobre una frágil base fiscal. No se trataba de desestimar la necesidad de justicia social, sino de preguntarse cómo se financiaría un Estado más grande, con mayor gasto, sin comprometer su sostenibilidad. JP Morgan, en su informe de abril de 2022, advirtió precisamente eso: aunque los objetivos eran socialmente ambiciosos, su plan de expansión del gasto en 5,5 % del PIB se basaba en supuestos frágiles, y representaba una amenaza directa a la regla fiscal de Colombia.
Hoy, en 2025, esas advertencias se materializaron. Según los datos del Ministerio de Hacienda, el déficit fiscal del Gobierno Central al mes de abril ya supera el 7 % del PIB, un nivel más alto que el registrado en el peor momento de la pandemia. Recordemos que en 2020 el país se paralizó por completo, lo que obligó a gastar más para proteger a la población. Pero hoy no hay una emergencia sanitaria: hay una política de gasto estructural desbordado que no está siendo compensada con ingresos suficientes.
Durante el primer trimestre del año, el gasto del gobierno creció más del 30 % anual. Buena parte de ese gasto está comprometido en obligaciones inflexibles: pago de nómina pública, subsidios, programas sociales, transferencias y sobre todo, el servicio de la deuda. Solo en intereses, el país ya destina cerca de un tercio de lo que recauda en impuestos. Eso significa que el margen para invertir en salud, educación, infraestructura o juventud es cada vez más reducido.
