La reciente aprobación de la reforma a la salud del gobierno de Gustavo Petro ha generado preocupación en diversos sectores. Lejos de solucionar los problemas del sistema de salud, esta reforma podría agravarlos. Las intervenciones a las EPS, en lugar de mejorar la situación, han profundizado el caos en el sector.
Durante más de 30 años, Colombia ha construido un modelo de salud basado en los principios de universalidad, equidad y solidaridad. Con una cobertura del 98% de la población, el sistema garantizaba el acceso al mismo plan de beneficios para todos los colombianos, independientemente de su capacidad de pago. Además, el gasto de bolsillo se había reducido a menos del 15%, un logro significativo en la región. Sin embargo, persistían problemas de acceso y calidad, especialmente en regiones apartadas, debido a la baja gestión local y la falta de recursos.
En lugar de enfocar los esfuerzos en mejorar la gestión y establecer controles más rigurosos, el gobierno optó por desmantelar el sistema existente para imponer un modelo estatal centralizado. Esta visión ideológica busca concentrar los recursos en una entidad estatal sin capacidad administrativa para una labor tan compleja, lo que incrementa los riesgos de ineficiencia y corrupción.
