¿Cómo puede la quiebra de un banco terminar con la destitución de un presidente? Lo ocurrido esta semana en Paraguay es una lección de derecho constitucional, de finanzas públicas y de geopolítica regional, todo al mismo tiempo. Para entenderlo con claridad, propongo separar tres asuntos que suelen mezclarse: el colapso bancario, la responsabilidad política del gobernante y su eventual responsabilidad penal. Cada uno tiene su propia lógica, sus propios tiempos y sus propias instituciones.

Primero: el banco

Todo comenzó con Ueno Bank, una de las entidades financieras más grandes del país. El Banco Central ordenó su resolución por problemas de solvencia, y quedaron congelados los fondos de cerca de tres millones de clientes, entre ellos instituciones estatales. Para dimensionarlo: hablamos de una porción enorme de la población de un país de unos siete millones de habitantes. Conviene precisar algo. Tener fondos congelados no equivale a perderlos todos. Significa, eso sí, vivir en la incertidumbre de no saber cuándo ni cuánto se podrá recuperar.

Segundo: por qué llegó a la Presidencia

La crisis adquirió dimensión presidencial por dos razones. La primera, los vínculos previos de Santiago Peña con el grupo empresarial dueño del banco; había sido accionista de su sociedad matriz y se desvinculó en 2025. La segunda, las decisiones sobre recursos públicos depositados en esa entidad durante su gobierno. Peña niega haber cometido irregularidades.