Hace apenas dos décadas, Colombia logró una transformación que muchos creyeron imposible. Con liderazgo, determinación institucional y respaldo ciudadano y la política de seguridad democrática, se contuvo a las FARC, se golpearon con fuerza los carteles, se recuperaron territorios y se redujo la violencia a niveles que asombraron al mundo. La democracia comenzó a respirar con confianza, y los colombianos recuperamos el rumbo hacia el progreso. Colombia no fue el país perfecto, pero sí tuvo un punto de inflexión: recuperamos las instituciones, recuperamos esperanza.
Pero ese camino se desvió. Lo que se presentó como una negociación por la paz terminó siendo, en muchos aspectos, una cesión desproporcionada a los responsables de delitos atroces. No solo dividió al país, sino que impuso una narrativa que desplazó la justicia en nombre del “posconflicto” y desdibujó la autoridad del Estado. El resultado está a la vista: la violencia recrudeció, mutó. Cambió de nombre, de rostro, de bandera.
Hoy, el deterioro es evidente. En los primeros cinco meses de 2025 se han registrado 1.990 homicidios, 71 líderes sociales asesinados y 26 masacres con al menos 80 víctimas. En el mismo período, se documentaron 128 hechos violentos contra figuras públicas y candidatos, 34 líderes políticos fueron, asesinados a lo que se sumó el intento de magnicidio contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que se convirtió al atentado a la democracia que hirió en lo más profundo al pueblo colombiano. Regiones como el Catatumbo acumulan más de 100 muertes violentas y 50.000 desplazados, mientras 47.000 niños han quedado por fuera del sistema educativo por cuenta de la violencia.
