Los abuelos solían decir algo que después se convirtió en dicho popular: “lo que mal empieza, mal termina”, es eso precisamente lo que ha ocurrido con la implementación de las fotomultas tanto en Valledupar como en muchas otras ciudades del país.
En el caso de Valledupar, desde el inicio de la puesta en funcionamiento de esa medida fueron notorias muchas irregularidades y abusos, tanto fue así que en la opinión pública se generalizó el concepto de que no había transparencia y que eso obedecía más a un negocio por recaudar dinero y no a organizar el tráfico vehicular y recuperación del espacio público, tal como lo establecen las normas de tránsito.
En pocas palabras, las fotomultas iniciaron con más desaciertos que aciertos. Lo normal es que medidas que ayuden a resolver el problema de la congestión vehicular y a organizar mejor la zona céntrica de la ciudad sean bien recibidas por la ciudadanía en razón a que esta se sienta beneficiada con sus aplicaciones. Pero no, en este caso las fotomultas se convirtieron en enemigas de la gente, en especial de un gran sector de la población que actúa de manera legal. Por ejemplo, docentes que, con chofer a bordo, detenían su vehículo solo para bajarse de manera rápida, frente a la universidad o colegio donde laboran, eran sorprendidos con comparendos de esa índole, solo para mencionar uno de los tantos casos que resultaban absurdos.
Como era de esperarse, las denuncias ciudadanas se multiplicaron y por aquí lo dijimos y lo advertimos, era necesario hacer correctivos y socializar tanto las bondades de la medida como sus alcances legales. Eso nunca se hizo y tanto fue la gota al cántaro que terminó rompiéndolo. Como consecuencia, fue inevitable la intervención del Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, entes que detectaron incumplimientos técnicos y legales, lo que ahora, para el caso nuestro, permite que muchos vallenatos y nosotros como medio de comunicación, experimentemos que, finalmente, el tiempo nos dio la razón.
En Valledupar las quejas fueron constantes y públicas. Conductores, comerciantes, abogados y ciudadanos del común denunciaron reiteradamente que las llamadas patrullas de fotomultas dejaron de cumplir una labor preventiva para convertirse en una maquinaria de recaudo, imponiendo comparendos a cualquier costo.
En reiteradas ocasiones lo denunciamos y lo advertimos, a todas luces era evidente ese afán de recaudar sin importar el cumplimento del debido proceso. “A los operadores de las fotomultas se les abrieron las agallas y comenzaron a cometer todo tipo de atropellos”, fue una de las últimas denuncias recibidas en este medio.
Así las cosas, resulta de gran aliento la reciente decisión del Gobierno nacional de investigar decenas de organismos de tránsito en Colombia por presuntas irregularidades en la operación de las llamadas fotomultas. Por fin en Valledupar habrá respuestas a tantas quejas sobre abusos, persecuciones y procedimientos alejados del espíritu pedagógico que debería tener el control del tránsito.
De todas maneras, es necesario advertir que este es un proceso de investigación y revisión que apenas comienza y habrá que esperar el resultado final, queda abierta la posibilidad de que muchos comparendos sean anulados y como tal las sanciones económicas, lo cual obligaría a que las entidades de tránsito devuelvan el dinero recaudado por ese concepto durante el periodo comprendido entre los años 2018 y 2024.
Las autoridades de Valledupar tienen ahora la obligación de actuar con total transparencia. Si hubo comparendos impuestos sin cumplir requisitos legales, deben anularse. Si ciudadanos pagaron multas irregulares, debe garantizarse la devolución del dinero. Y si existieron funcionarios o terceros involucrados en prácticas indebidas, las investigaciones deben llegar hasta las últimas consecuencias.
