Los abuelos solían decir algo que después se convirtió en dicho popular: “lo que mal empieza, mal termina”, es eso precisamente lo que ha ocurrido con la implementación de las fotomultas tanto en Valledupar como en muchas otras ciudades del país.
En el caso de Valledupar, desde el inicio de la puesta en funcionamiento de esa medida fueron notorias muchas irregularidades y abusos, tanto fue así que en la opinión pública se generalizó el concepto de que no había transparencia y que eso obedecía más a un negocio por recaudar dinero y no a organizar el tráfico vehicular y recuperación del espacio público, tal como lo establecen las normas de tránsito.
En pocas palabras, las fotomultas iniciaron con más desaciertos que aciertos. Lo normal es que medidas que ayuden a resolver el problema de la congestión vehicular y a organizar mejor la zona céntrica de la ciudad sean bien recibidas por la ciudadanía en razón a que esta se sienta beneficiada con sus aplicaciones. Pero no, en este caso las fotomultas se convirtieron en enemigas de la gente, en especial de un gran sector de la población que actúa de manera legal. Por ejemplo, docentes que, con chofer a bordo, detenían su vehículo solo para bajarse de manera rápida, frente a la universidad o colegio donde laboran, eran sorprendidos con comparendos de esa índole, solo para mencionar uno de los tantos casos que resultaban absurdos.
