El olfato de nuestros periodistas de EL PILÓN nos ha hecho ver que algo está pasando entre las relaciones institucionales de la Alcaldía de Valledupar y la Gobernación del Cesar, además de algunos “cortos circuitos” con entes del Gobierno Nacional.
La situación, aunque podría tratarse de una simple percepción o intuición, no deja de inquietar. Una región como la nuestra no puede darse el lujo de fracturas institucionales. La realidad de Valledupar y el departamento del Cesar exige altura, madurez y sentido de responsabilidad histórica por parte de sus gobiernos de turno.
EL PILÓN reveló que hubo una reciente controversia entre la Gobernación del Cesar, liderada por Elvia Milena Sanjuán, y la Alcaldía de Valledupar, encabezada por Ernesto Orozco, en torno a la ejecución de la ‘Caravana del Pavimento Urbano’, lo cual deja ver que se le estaría dando mayor relevancia a los intereses electorales por encima de la articulación institucional, un pulso político que en lo sucesivo estaría afectado a las comunidades que necesitan de las acciones conjuntas de ambas administraciones.
Recordemos que el proyecto de pavimentación en 33 barrios fue financiado a través del Sistema General de Regalías y formulado desde la administración municipal y por ello debió ser una oportunidad para enviar un mensaje de unidad. Sin embargo, la ausencia del alcalde en un evento de tal magnitud fue leída como un síntoma de distanciamiento político. La respuesta institucional de la Alcaldía, reivindicando el carácter de “matrimonio institucional” de la obra, hace presumir que existe un trasfondo de competencia política que amenaza con la buena cooperación institucional que venía reinando entre los dos gobiernos.
La ciudadanía lo que espera son resultados concretos como vías pavimentadas, servicios eficientes, seguridad, empleo y bienestar, tarea que requiere de ese “matrimonio institucional” que permite la cofinanciación de proyectos de tal naturaleza.
Entre tanto, el rifirrafe entre la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, y la Secretaría de Salud del Cesar revela otra arista preocupante. Por un lado, la ADRES sostiene que giró oportunamente más del 95 % de los recursos del régimen subsidiado en diciembre de 2025 y, por otra parte, la administración departamental afirma que debió cubrir con recursos propios un faltante cercano a los $5.400 millones para garantizar la continuidad del servicio a la población vulnerable. En medio de esa controversia está el sistema de salud que requiere de una buena coordinación.
Consideramos que ese cruce de comunicados y señalamientos públicos poco contribuyen a la tranquilidad de los usuarios. La prioridad debe ser que ningún cesarense afiliado al régimen subsidiado vea interrumpida su atención por disputas administrativas.
Insistimos en que la articulación eficiente entre gobierno nacional, departamental y municipal es una obligación constitucional para que las regalías, los recursos de salud, las obras de infraestructura urbana y los programas sociales se puedan ejecutar de manera satisfactoria para todos.
No es bueno que un nivel de gobierno trate de invisibilizar al otro porque eso deteriora las buenas relaciones entre ambos y da al traste con los buenos resultados de sus gestiones administrativas.
En ese sentido, Valledupar y el Cesar necesitan más mesas técnicas, menos puja de protagonismo y de cero tarimas en las que un ente excluye al otro.
El mensaje a nuestros mandatarios es a más planeación conjunta y menos cálculos electorales. La coyuntura electoral pasará, pero las decisiones que se tomen hoy tendrán efectos duraderos sobre miles de familias de la región.
