Cuando cumplí el año de medicatura rural en Valledupar, el Instituto Colombiano de Seguros Sociales (ICSS), seccional Cesar, tenía una vacante en el servicio de urgencias para médico general. Acudí al pediatra Nehemías García Medina, entonces el director regional del ICSS, en búsqueda de que me asignara el cargo disponible. Me dijo que si cumplía los requisitos me lo concedía. Me faltaba la tarjeta profesional que ni siquiera la había solicitado. Obtener dicho documento lo más pronto posible fue mi prioridad porque, a veces por influencias, en el ICSS los nombramientos regionales los adjudicaban en Bogotá.
El Ministerio de Salud, para otorgar la tarjeta profesional, exigía certificación de legitimidad de la libreta militar. El día que fui a solicitarla al Distrito Militar de Valledupar, su secretario, con visible alegría, me dijo: “Médico, usted vino enviado por Dios porque hoy necesitamos un médico y ya voy a llamar al comandante del distrito para que hable con usted”. El secretario, amablemente, me ofreció asiento dentro de su recinto mientras esperaba al comandante. Entretanto, me dice: “Médico, su tarjeta fue expedida en el Distrito Militar de la ciudad de Cali, donde hay que remitir su solicitud, lo que demora la entrega de la constancia; si usted la necesita con más rapidez tendría que viajar a Cali. No obstante, creo que se le podría entregar hoy mismo, pero depende de su entrevista con el comandante”. Por tal impudor, preferí guardar silencio.
El comandante, en su despacho privado, cordialmente me dijo: “Doctor Romero, su llegada a solicitar la consabida certificación ha sido oportuna, porque hoy necesito un médico para que le haga examen físico a un grupo de jóvenes para definirles la situación militar. Si usted me hace el favor, le pagaría más de 60 mil pesos”. La oferta de tal cifra me asustó tremendamente, porque era más de 20 sueldos de los que ganaba en el Hospital Rosario Pumarejo de López (HRPL); solo pude responderle que no tenía experiencia en cómo se hacía ese examen. “No importa, además, le entregaría la certificación que usted requiere con premura”, me respondió el comandante. Acepté por la posibilidad de lograr el puesto del ICSS.
Después de examinar a los jóvenes en la sede del distrito militar, el comandante me invitó a almorzar en el restaurante del Hotel Sicarare y me dijo que me tranquilizara porque los exámenes médicos para eximir a hombres jóvenes del reclutamiento militar eran rutinarios; es decir, para el comandante militar esta labor era una práctica normal.
En esta primera ocasión excluí a 137 jóvenes, cada uno por 500 pesos; el total de los honorarios fueron 68.500 pesos, pagados en efectivo después de que firmé las reseñas de los jóvenes excluidos con diagnósticos clínicos invalidantes para prestar servicio militar. Además, recibí la certificación de validez de mi tarjeta militar y a tiempo fui nombrado médico de urgencias del ICSS.
Este vínculo laboral lo mantuve por cuatro años continuos con diferentes comandantes del distrito militar de Valledupar, sin designación oficial. Durante ese tiempo, altruistamente eximí y definí la situación militar a muchos jóvenes hijos de familiares y de amigos para que adquirieran la libreta militar de segunda categoría sin pagar dinero extra ilícitamente, pues en Colombia la libreta militar era necesaria para realizar muchas actividades legalmente.
Recuerdo con inmensa satisfacción a los últimos que les ayudé a conseguir la libreta militar: a Rafael Salas (Rey Vallenato 1979), al cantante Armando Moscote y demás miembros del conjunto vallenato, para que viajaran al exterior como delegados del Festival de la Leyenda Vallenata. ‘La Polla’ Monsalvo, fiel amiga de ‘La Cacica’ Consuelo Araujonoguera, fue la celestina que me pidió el favor para sacarles el entonces documento indispensable para obtener pasaportes. Vale decir que mi ayuda tuvo la anuencia del comandante del Distrito Militar de Valledupar. Siempre les guardé estricta lealtad a los comandantes a los que les presté servicio non sancto.
Por: José Romero Churio
