Apoyo el estatuto antiterrorista que el Gobierno llevará al Congreso. Las cifras no dejan espacio para la tibieza. En agosto de 2025, un camión bomba en Cali dejó seis muertos y ochenta heridos. Y el secuestro casi se duplicó entre 2024 y 2025. Entre enero y mayo de este año, la Defensoría del Pueblo registró 121 ataques con drones, que dejaron 21 muertos y 145 heridos. En abril, una bomba escondida en una alcantarilla de la vía Panamericana, cerca de Cajibío, mató a 21 civiles. Eso no es delincuencia común. Es terrorismo, y el Estado necesita herramientas a la altura de la amenaza. Se necesitan instrumentos eficaces para perseguir a quienes asesinan, reclutan menores, destruyen infraestructura, utilizan drones con fines criminales, lavan dinero y sostienen sus organizaciones mediante minería ilegal, activos virtuales y otras economías ilícitas.
De lo que se ha podido conocer, el proyecto tiene aciertos que vale la pena defender. Le da por fin base legal a la lista de organizaciones terroristas que existe desde 2020 y que hoy funciona sin ley. Persigue el dinero, que es donde se gana esta guerra: congelamiento de fondos en 24 horas, trazabilidad del oro y licencia obligatoria para quienes operan con criptoactivos. Autoriza a la Fuerza Pública a neutralizar drones hostiles. Trata a los niños reclutados como víctimas y no como enemigos. Y permite que el Consejo de Estado revise a fondo cada inclusión en el Registro, hasta con acceso a la información reservada. Eso es más garantista que el modelo de Estados Unidos. Pero quiero que sobreviva en la Corte Constitucional y sugiero siete ajustes.
Primero, precisar la definición de terrorismo adoptando el estándar de la ONU, que exige actos que causen o busquen causar muerte, lesiones graves o toma de rehenes, o daños que pongan en peligro la vida, con el fin de aterrorizar a la población u obligar a una autoridad.
