Es innegable que flagelos como el narcotráfico, el conflicto interno, la exclusión social y hoy la corrupción hayan sido los principales azotes de este país durante décadas. Pero como somos una sociedad temática y novelera que nos dejamos arrastrar por todo y porque vivimos al vaivén de los acontecimientos, ha hecho que por esta época pongamos de boga el tema de la corrupción, como si fuese algo nuevo y como si fuéramos un país habitado por ciudadanos inocentes, cuando en realidad la corrupción es tan antigua como el mismo Estado colombiano, o cómo se explica que en el año 1824 en plena evolución de la Gran Colombia, Simón Bolívar hubiese decretado la pena de muerte para los corruptos y los dilapidadores del erario público.
Pero además de ello, la corrupción está también ligada a la precariedad de las reglas democráticas de este país a la ilegitimidad de las instituciones que conforman el aparato estatal, a la supremacía de los intereses particulares sobre el interés general y como problema de base, a la degradación de los valores de los cuidadnos y la mutación de los principios deontológicos de los profesionales, que hacen que esta penosa enfermedad se vuelva incurable.
A decir verdad, el sistema político con el que se gobierna y se administra este país, parece que hubiese sido hecho por un sastre de alta costura, porque está diseñado a la medida para funcionar en un ambiente de corrupción; por eso cualquier acción o decisión que se tome al respecto, sino trata el tema de fondo y con medidas asertivas resultaría ser un placebo ante una enfermedad terminal o un paño de agua tibia ante una severa infección. De tal manera, que la corrupción no se mitiga ni se combate con protestas, ni con marchas, menos como la convocada para este primero de abril, por los señores Álvaro Uribe y Alejandro Ordoñez, quienes no tienen la autoridad moral para hacer este tipo de convocatoria; dos burócratas que en sus vidas públicas, han acudido a prácticas de corrupción y clientelismo.
