La protesta social y la consulta previa, dos garantías nacidas para proteger los derechos legítimos de las comunidades, se han convertido en el negocio favorito para enriquecer a falsos líderes que se atraviesan en el camino del desarrollo. Y mientras esos avivatos cobran, el país entero paga la factura del atraso.
Empecemos por la protesta. El Consejo de Estado condenó a la Corporación Comunitaria Juntas de Acción Comunal de San Isidro de Chichimene y a su representante a resarcir a Ecopetrol los perjuicios causados por el bloqueo en la Estación Chichimene, en Acacías, Meta. El alto tribunal fue enfático: la protesta pierde su blindaje constitucional cuando degenera en vía de hecho, paraliza operaciones legales y causa un daño patrimonial real y medible. El fallo es un precedente histórico que confirma mis denuncias: detrás de algunos bloqueos “sociales” no siempre hay una reivindicación colectiva legítima, sino el negocio de falsos líderes que lo promueven para sacarle beneficio económico personal.
Con la consulta previa está pasando exactamente lo mismo, solo que con menos escándalo mediático y más plata en juego. El caso de Sirius, el mayor hallazgo de gas en la historia de Colombia, es escandaloso: de 117 consultas previas requeridas para desarrollar el proyecto, Ecopetrol y Petrobras cerraron con éxito 116, y una sola comunidad de pescadores de Taganga exige un pago hasta veinte veces mayor al que aceptaron, en conjunto, las otras 115 comunidades certificadas: “Esa comunidad está a nivel de extorsión…”.
