Formalizar una empresa debería ser una buena noticia. Es el momento en que un emprendedor decide hacer las cosas bien, cumplir sus obligaciones, generar empleo y apostarle al país. Pero para muchos comerciantes en Colombia ocurre algo difícil de entender. Renuevan o sacan su matrícula mercantil y, poco después, empiezan los correos comerciales, las llamadas insistentes y, en algunos casos, hasta los intentos de extorsión.
La reacción es casi inmediata. Muchos terminan culpando a las Cámaras de Comercio de vender o filtrar sus bases de datos. Pero el problema es más complejo.
El Código de Comercio permite que cualquier persona consulte información del Registro Mercantil. Y tiene sentido. Quien va a hacer negocios con una empresa debe poder saber si existe, quién la representa y cuál es su situación jurídica. El problema aparece cuando esa transparencia termina exponiendo también datos personales que hoy pueden descargarse, organizarse y utilizarse masivamente para propósitos muy distintos.
