En nuestra ciudad existe una narrativa fuertemente arraigada (y exagerada) en el discurso o ideal político contemporáneo que postula que la presencia de obras de infraestructura es sinónimo directo de progreso. Es demasiado común escuchar en las calles de Valledupar la afirmación de que la ciudad avanza porque se observan intervenciones en el espacio público, maquinaria en movimiento y vaciado de concreto. Esto es una percepción idílica sobre el desarrollo urbano, que coincide a conveniencia con los balances oficiales presentados por los gobernantes de turno, quienes suelen exhibir con demasiada vehemencia elevados porcentajes de ejecución en sus planes de desarrollo para certificar el éxito de su gestión. Empero, desde la perspectiva técnica de la administración pública, esta aproximación incurre en un vicio conceptual profundo que confunde el esfuerzo operativo del Estado con la verdadera transformación social.
Para comprender la falacia de esta ecuación, resulta imprescindible acudir a la dogmática de la evaluación de políticas públicas, la cual distingue tres niveles fundamentales en el accionar estatal, los cuales son los insumos, los productos y los impactos. Los insumos comprenden los recursos financieros y administrativos asignados. Los productos —conocidos en la literatura especializada como outputs— corresponden a los bienes tangibles, obras e infraestructura entregados a la comunidad, tales como la pavimentación de una vía como la 38, el anillo vial de occidente, la construcción de un Centro Cultural de la Música Vallenata, de un alcantarillado pluvial, de un terminal en el norte de la ciudad para el SIVA o la edificación de una Casa en el Aire. Por su parte, los impactos —o outcomes— representan las modificaciones sostenibles y de largo plazo en las condiciones socioeconómicas, la calidad de vida y el bienestar real de la población objetivo.
Bajo esta distinción técnica y netamente académica, un plan de desarrollo puede alcanzar un porcentaje de ejecución física y presupuestal superior al noventa por ciento (90%) y, de manera simultánea, registrar un impacto escaso o completamente nulo en la dinámica de la ciudad. El cumplimiento de una meta de producto acredita que la administración pública posee la capacidad operativa y jurídica para contratar y agotar recursos. No obstante, si una vía recién construida no responde a un plan integral de movilidad, si una obra recreativa o cultural es abandonada por falta de tejido comunitario o si un centro institucional no altera los indicadores de desempleo, inseguridad o acceso a servicios básicos, la inversión habrá generado infraestructura, pero habrá fracasado en la creación de valor público.
