En cada debate tributario, reaparece la misma propuesta: eliminar o congelar los impuestos saludables. Se presentan como una carga para los hogares pobres y para los tenderos de barrio. La evidencia dice lo contrario: salvan vidas y proporcionan recursos al Estado.
Los impuestos a las bebidas azucaradas y los comestibles ultraprocesados nacieron en la reforma de 2022 para desincentivar, mediante el precio, el consumo de productos perjudiciales para la salud. No es un invento colombiano. Forma parte de las políticas costo-efectivas que recomiendan la OMS y la OPS contra el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles. Más de cien países los aplican.
La tarifa plena rige apenas desde enero de 2025. Medir su efecto en la salud tomará al menos una década, pero hay señales alentadoras. Según la Encuesta de Calidad de Vida, entre 2023 y 2024 el consumo de bebidas azucaradas cayó 2,6 puntos porcentuales y el de comestibles ultraprocesados, 4,3. En el Magdalena, las reducciones llegaron al 13,1 % en bebidas azucaradas y al 15,6 % en productos de paquete. Además, un estudio de académicos colombianos publicado en BMC Medicine encontró que los ultraprocesados redujeron significativamente su contenido de sodio, azúcar y calorías. El impuesto no solo cambia lo que compramos: también lo que nos venden.
