La transición energética en Colombia no empezó ayer. El país dio un paso anticipatorio desde los años noventa del siglo pasado, cuando impulsó la masificación del gas natural con la política «Gas para el Cambio», promovida por el entonces ministro de Minas y Energía Guillermo Perry Rubio. Por sus menores emisiones de CO2 durante la combustión frente al carbón y los combustibles líquidos, el gas se ha considerado un combustible puente de dicha transición.
Otro paso importante fue la expedición de la Ley 697 de 2001, de la cual fui ponente en el Senado de la República. Esta declaró el Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE) como un asunto de interés social, público y de conveniencia nacional. Desde entonces quedó planteado un principio que hoy cobra mayor vigencia: la seguridad energética depende tanto de disponer de energía como de aprovecharla mejor.
A ello se sumaron la Ley 693 de 2001, de mi autoría, que abrió el camino a la incorporación de la mezcla del etanol en la gasolina, y la Ley 939 de 2004, que impulsó los biocombustibles para motores diésel. Se sentaron así las bases de una agroindustria que articula el campo con el abastecimiento energético y la reducción de emisiones.
