En Colombia, la política suele narrarse como una lucha de estructuras, avales y cifras. Sin embargo, tras la frialdad de los datos electorales, emerge una realidad que está transformando silenciosamente el mapa del bienestar en nuestros departamentos: el ascenso de la mujer a la toma de decisiones territoriales. No se trata solo de cumplir con la “cuota de género” que exige la ley; se trata de una mutación necesaria en la forma de gestionar lo público.
Históricamente, el sistema de partidos en Colombia ha operado bajo una lógica de “representación descriptiva”: asegurar que las mujeres aparezcan en las listas para evitar sanciones legales. Pero la verdadera democracia no se agota en la foto de un tarjetón. El reto actual, y lo que los ciudadanos empezamos a notar en regiones como el Cesar, La Guajira o el interior del país, es la representación sustantiva. Esto es, cuando la presencia de la mujer en una alcaldía o un concejo se traduce en un cambio de prioridades en la agenda social.
¿Por qué es vital que la mujer lidere en el territorio? La evidencia científica en ciencias políticas sugiere que el liderazgo femenino tiende a humanizar el gasto público. Mientras la política tradicional se ha obsesionado con las “obras de cemento” —a menudo desconectadas de la realidad social—, la gestión liderada por mujeres suele volcarse hacia los “bienes públicos blandos”: la nutrición infantil, la calidad educativa, la salud comunitaria y la seguridad alimentaria.
En un país con las brechas de desigualdad de Colombia, esta visión no es un accesorio, es una urgencia. La mujer política no solo gestiona recursos; reconstruye el tejido social que la violencia y el abandono estatal han desgarrado por décadas.
A pesar de estos avances, el camino hacia la equidad en los entes territoriales sigue empedrado de violencia. No solo hablamos de agresiones físicas, sino de una violencia política simbólica que cuestiona la capacidad técnica de la mujer, que escudriña su vida privada con un rigor que jamás se aplica a los hombres y que limita su acceso a la financiación de campañas. En las regiones, el “techo de cristal” es de hormigón armado, sostenido por liderazgos tradicionales que ven en la autonomía femenina una amenaza al statu quo.
Para que Colombia dé el salto hacia el desarrollo, la política partidista debe dejar de ver a la mujer como un requisito de “relleno” en las listas y empezar a verla como el motor de la modernización estatal. La inclusión de la diversidad social —mujeres rurales, indígenas, raizales, afrodescendientes, líderes de base— en los espacios de poder es la única garantía de que las políticas públicas dejen de redactarse en escritorios lejanos y empiecen a responder a las necesidades reales del pueblo.
La paridad no es un favor que se le hace a las mujeres; es un acto de inteligencia colectiva. Si queremos servicios públicos de calidad y una gobernanza que realmente genere bienestar, debemos asegurar que quienes sostienen la vida en los hogares también tengan las manos en el timón de nuestras instituciones territoriales. Es hora de pasar de la cuota a la agencia política real. considerando tanto la ley vs. realidad: Aunque la Ley 1475 de 2011 impulsó las cuotas, el acceso real a posiciones de poder sigue siendo desigual en las regiones, como el impacto social: estudios demuestran que la participación femenina mejora la eficiencia del gasto en salud y educación. El reto, superar la violencia política de género como el principal obstáculo para la democracia paritaria en Colombia.
Por: Rosalvina Alvis Barranco / Docente universitaria
