Días atrás publiqué en Twitter, hoy X, una reflexión después de recorrer medio valle, desde el Mercado, el caos de la 15 con 17, motos en contravía por el sector de las clínicas, frenadas inesperadas por las ya frecuentes “voladas” de semáforo.
Cuando el dolor de cabeza ya asomaba por el estrés de manejar en Valledupar, cerca de un centro comercial del norte viví otro justo: motos haciendo maniobras peligrosas para evitar un retén. Seguí tranquilo, porque siempre procuro tener mis documentos al día, por aquello del que nada debe, nada teme.
Nunca he entendido cómo definen a quién detener, pero esta vez “clasifiqué” para la detención. Tras revisar documentos vino la solicitud del equipo de carretera y el botiquín.
Respondí que estaban en el baúl, aunque sigo sin entender por qué exigir estos elementos dentro de la ciudad. El agente murmuró algo sobre los “nueve componentes” del botiquín, yo respondí que imaginaba que los venderían completos. También revisaron con especial interés la fecha del extintor. Todo dentro de la norma, sí, pero esa no es la discusión de fondo.
Lo verdaderamente llamativo fue la reacción de la ciudadanía, muchas visualizaciones, llamadas, compartidas por medios de comunicación y muchos comentarios expresando inconformidad frente a la manera como se está intentando ordenar el tránsito.
Esa reacción ciudadana confirma algo que muchos hemos sentido, las formas actuales de control no están enfocadas en los problemas reales de movilidad y accidentalidad.
Es importante decir algo: la actual administración recibió una mala herencia. Una estructura de tránsito débil, sin convenio con la Policía para regular la movilidad, como reveló El Pilón, sin capacidad operativa suficiente y con decisiones de señalización y control tomadas en años anteriores sin sustento técnico, algunas incluso corregidas por la justicia.
La sentencia del Juzgado Noveno Administrativo de Valledupar (mayo de 2025) lo dejó claro, se vulneró la confianza legítima al imponer prohibiciones sin cumplir el POT y se ordenó habilitar estacionamiento temporal sectorizado en la carrera 11, no sancionar primero y planear después. Esa es la herencia que hoy pesa.
Lo expresé en una columna anterior, la fotodetección debe ser para salvar vidas, no para facturar, en la práctica seguimos viendo un modelo de control que concentra esfuerzos en parqueo en zona comercial, revisar extintores, kits de carretera, placas desgastadas, letra cursiva en la placa que se pinta en las puertas de los vehículos especiales o botiquines incompletos. Todo eso puede ser sancionable, sí, pero esas no son las conductas que matan.
Las conductas que matan son otras: exceder los límites de velocidad, pasarse semáforos en rojo, circular en contravía, transportar más de dos personas en una motocicleta, no usar casco o usarlo mal, realizar maniobras peligrosas, transitar por andenes y ciclorutas, conducir bajo efectos de alcohol. Si el tránsito quiere salvar vidas, ahí debe estar la prioridad.
Justo ahora, cuando iniciamos la temporada decembrina, la situación se vuelve crítica. Diciembre es el mes del repunte económico, la época para cuadrar caja y terminar de recuperar algo del difícil año. Pero también es, históricamente, una época de alta accidentalidad.
La Secretaría debe entender este contexto y no perder el foco, su prioridad debe ser reducir las muertes en las vías, atacando las infracciones de alto riesgo. Concentrar esfuerzos en la sanción al comercio formal o el parqueo temporal, mientras se descuida la seguridad vial de fondo (velocidad, semáforos), es una doble falta que afecta tanto el desarrollo económico como la vida de los vallenatos.
Esta columna no es contra nadie. Es a favor de la ciudad, a favor de la vida, de la movilidad segura y del desarrollo económico. Para construir, por fin, un tránsito que cuide a los vallenatos.
Por Ricardo Reyes
