El país no puede darse el lujo de seguir tan radicalmente polarizado y debe tomar en serio la idea de establecer las mayorías calificadas para la elección de presidente de la República, lo que equivale en la práctica a la conformación del gobierno. Y no para distribuir milimétricamente burocracia, contratos y partijas, sino para hacer menos complicados los convenios programáticos y que así la facción opuesta no sienta como obligación irredimible y oficio la de ejercer de torpedero de las ideas e iniciativas de la otra parte. No se trata de fomentar el unanimismo, lo que, aparte de inconveniente, es imposible, salvo en regímenes totalitarios cuyo ejemplo no doy, pero que todos conocemos.
Las mayorías calificadas son aquellas que exigen un porcentaje de votos superior a la mayoría simple (la mitad más uno). Sus principales ventajas son que, al requerir un respaldo amplio, la persona elegida o la medida aprobada cuenta con un apoyo más representativo y menos cuestionable.
Además, fomentan el consenso y obligan a los distintos grupos o partidos a dialogar, negociar y buscar acuerdos en lugar de imponer la voluntad de una mayoría circunstancial que, si bien es legítima, no genera tranquilidad y, por el contrario, agudiza los enfrentamientos.
