La crisis del gas natural que hoy enfrenta Colombia no fue un accidente ni una sorpresa. Era una contingencia anunciada. Durante más de dos décadas, la UPME advirtió que, sin nuevas reservas, mayor actividad exploratoria y la expansión de la infraestructura de transporte e importación, el país terminaría enfrentando un déficit de oferta. Según sus proyecciones, el país entraría en una situación de déficit estructural de gas natural alrededor de 2023, si no se incorporaban nuevas fuentes de producción o de importación. La crisis del gas natural en Colombia, entonces, no fue un hecho imprevisible.
La peor respuesta frente a un riesgo anunciado es el negacionismo. Cuando la evidencia técnica es sustituida por discursos políticos o convicciones ideológicas, el Estado pierde la capacidad de anticiparse a los problemas. En el sector energético el tiempo es un recurso escaso: entre el descubrimiento de un yacimiento y su entrada en producción pueden transcurrir entre cinco y diez años. Cada decisión aplazada se convierte en un problema para el futuro.
Durante la administración del presidente Gustavo Petro, su política energética errada y errática estuvo marcada por la incertidumbre, sobre todo después de su desatentada decisión de descartar la firma de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, enviando señales contradictorias a los inversionistas. Al propio tiempo, los entonces ministros de Minas y Energía, Irene Vélez y Andrés Camacho, para justificarla, le restaron importancia a las advertencias sobre el deterioro del balance entre oferta y demanda de gas por parte de la UPME.
