La pandemia del covid-19 ha dejado en total evidencia la desvalorización de la salud de la humanidad, al extremo de que poco o nada importa, por ende, la vida tampoco. En consecuencia, la Declaración Universal de los Derechos Humanos tan divulgada por la ONU también ha quedado desvirtuada y devaluada a minúsculo valor, tal cual como las constituciones políticas de los países miembros de la antedicha organización, cuyas cartas magnas son ignoradas sin ningún escrúpulo por quienes se enriquecen ilícitamente, especialmente por los conocidos como delincuentes de cuello blanco que, generalmente, fungen y se autocatalogan como gente de bien, obviamente, bajo la complicidad de gran parte de las autoridades y la indiferencia social. Es tanta la ausencia de censura social, que ya el mal comportamiento de las nuevas generaciones es considerado normal.
Mi vocación y formación médica a ultranza hipocrática me impide aceptar la depreciación de la vida, que es a nivel mundial como ya lo describí. Aunque no es exclusividad de Colombia, en nuestro país ha alcanzado proporciones abismales; por consiguiente, aparece ocupando puestos deshonrosos en los rankings mundiales, como de corrupción, narcotráfico, desigualdad, inseguridad, nivel educativo, falsificación de medicamentos, conflicto interno armado, entre otros igual de nefastos. Condiciones que nos mantienen estigmatizados en las demás latitudes del mundo. Desde hace varios años las autoridades de vigilancia y control de Colombia vienen informando que, anualmente, en nuestro país desfalcan 50 billones de pesos, la misma cantidad la ha ratificado el actual contralor general, esto es una monstruosidad teniendo en cuenta que este año 2021 el presupuesto nacional es de 314 billones de pesos; es decir, casi el 16 %.
De veras, da grima solo pensar el descomunal daño que producen los corruptos al país y a su gente vulnerable. Lo más injusto es que poquitas (por no decir ninguna) personas han sido castigadas como lo merecen.
