En 2019, el Gobierno Duque le restableció a Fedegán la administración de la parafiscalidad ganadera, después de que, en 2016, Santos se la arrebatara con motivaciones políticas.
En esos tres años no solo se perdió el estatus de país libre de fiebre aftosa, recuperado en 2020, sino que se dio un aumento del hato que reñía con los índices de natalidad. Los resultados del Ciclo I de vacunación de 2019 revelaron hallazgos, principalmente en zona de frontera, que denuncié en su momento, de predios con aumentos de más de 1.000 animales frente al ciclo anterior, y fincas nuevas con altos inventarios. Nada sé de las investigaciones, pero la ilegalidad promovida por el Estado permitió el ingreso de 6 millones de animales de contrabando, un negocio de unos 3.200 millones de dólares.
Así empezaron los entuertos de la trazabilidad, un sistema de control sanitario que registra los eventos de un animal (nacimiento, vacunación, movilización y muerte); entuertos que intentamos enmendar con el ICA, el Ministerio de Agricultura y FEDEGÁN, después del “desguace” del sistema en el Gobierno Santos, que permitió, además, el crecimiento del sacrificio clandestino, también apalancado en el cierre masivo de plantas por el INVIMA.
