La situación de orden público que se padece en la región del Catatumbo, bajo el fuego cruzado entre el ELN y las disidencias de las FARC, parece no tener un final cercano. Esta guerra ha desbordado los límites de la barbarie: ataques indiscriminados con drones cargados de explosivos sobre bienes civiles y campos minados que mutilan a inocentes son el pan de cada día. Sin embargo, en medio de este panorama hostil, existe una violencia silenciosa y dirigida que permanece en la sombra: las amenazas y el destierro sistemático contra la población diversa.
Aunque los ataques dirigidos a la población LGBTIQ+ apenas se visibilizan en los grandes titulares, su impacto es devastador. Recientemente, conocí de cerca el caso de cuatro personas pertenecientes a esta comunidad que, tras recibir amenazas directas y perentorias por parte de un actor armado no estatal, se vieron obligadas a abandonar sus hogares de origen en busca de protección.
Esta dinámica no es un hecho aislado; es una muestra fehaciente de que en el Catatumbo los grupos armados imponen un “control moral” a través del terror, donde la identidad de género y la orientación sexual se convierten en el blanco de órdenes de expulsión.
