Hay tragedias que ningún gobierno merece en su primer amanecer. El temblor del pasado lunes 10 de agosto cayó como un mazazo sobre la recién estrenada administración de Abelardo De La Espriella, obligando a mover prioridades, ajustar planes y responder con urgencia a daños que nadie tenía en el guion. Aun así, el gobierno ha debido continuar con la tarea inevitable: conformar su equipo, escoger a quienes considera capaces, idóneos y honestos para asumir la función pública en medio de un país que exige resultados inmediatos.
Pero mientras el gobierno intenta avanzar, afuera se ha desatado una cacería de brujas que está convirtiendo la selección de funcionarios en un ritual inquisitorial. Hoy parece que, para aspirar a un cargo, se necesita un alma inmaculada y, sobre todo, no haber ocupado un cargo público nacional en los últimos cuatro años. Como si la experiencia fuera un pecado. Como si el conocimiento acumulado en la gestión estatal se hubiera vuelto sospechoso por decreto moral de algún catón digital.
La política colombiana vive obsesionada con la pureza, pero no con la pureza ética, que sería deseable, sino con una pureza estética del señalamiento. Se exige que todo funcionario sea un lienzo sin manchas, un historial sin contradicciones. Esa expectativa es hipócrita. El Estado no se construye con seres míticos sino con personas reales, con virtudes y defectos. Pretender lo contrario es caer en la trampa del moralismo punitivo que tanto daño le hace al país.
