Uno de los mayores logros de las regiones en Colombia con la expedición de la nueva Constitución de 1991, por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, fue dar el paso de la descentralización, contemplada en la Constitución de 1886, a la autonomía territorial (artículos 1 y 287). Cabe preguntarse cuál es la diferencia entre una y otra. Dejemos que sea el expresidente del Consejo de Estado, Javier Henao Hidrón, quien nos despeje esta diferencia conceptual. Para él, “se entiende por descentralización la capacidad de gestión administrativa de parte de las entidades territoriales, mientras que la autonomía conlleva una capacidad de decisión política de parte de las mismas”.
Desafortunadamente, durante los 34 años de vigencia de dicha Constitución, no solamente no han avanzado en autonomía las entidades territoriales, sino que se ha retrocedido. En su lugar, se ha venido dando una recentralización, que yo denomino descentralización disfuncional, consistente en delegar funciones y competencias por parte de la Nación a las entidades territoriales, pero sin recursos. Y lo que es peor, se les recortaron sus recursos para concentrarlos en la Nación, a través de dos actos legislativos: el 01 de 2001 y el 04 de 2007.
Y, de contera, en los últimos 32 años se han expedido 18 reformas tributarias, todas para arbitrarle recursos a la Nación, ninguna a favor de las entidades territoriales. Por ello, el Gobierno y el Congreso de la República están en mora de pausar sus reformas tributarias para dar pábulo y espacio a la reforma tributaria territorial, largamente aplazada. De hecho, existe un estudio elaborado por una comisión de expertos que, luego de analizar las finanzas territoriales, hizo unas recomendaciones para su fortalecimiento.
