No hay que ser un erudito de la macroeconomía ni el más entendido de las finanzas públicas para saber que, si aumenta el precio de un tomate como elemento básico de la canasta familiar, al tiempo que el salario mínimo se mantiene casi estable, se disminuirá la capacidad de compra y por ende la calidad de vida de un amplio sector de la población colombiana.
Así, aún hoy, en la anestesia de la pasión política, muchos perciban como favorable el hecho de que se aumenten los impuestos a los estratos 1, 2 y 3, perteneciendo ellos a esos sectores, mientras que se le baja la renta a las empresas, las cuales pasarán de tributar del 35 al 31 % en el 2028, según el proyecto de Ley de Rescate Económico, radicado ante el Congreso de la República por el actual gobierno.
Los productos que en nuestra tradición tributaria se habían mantenido exentos por ser fundamentales para el mínimo vital de la familia colombiana, tales como el tomate, cebolla, ajo, repollo, coliflor, lechuga, banano, plátano, miel, sal, cacao, café, azúcar, avena, harina, maíz, pastas, aceites, chocolates de mesa, fríjoles, lentejas, alimentos para las mascotas, queso y leche, hoy, sin recato alguno, ingresan a la base gravable en una ecuación incomprensible de aumentarle impuestos a los muchos que luchan por sobrevivir, mientras se le alivian a pocos con mayor capacidad tributaria.
