Es hipocresía prohibirles a los servidores públicos hacer política, cuando todos hacen proselitismo a favor de determinado candidato, porque es algo consustancial a la función pública.
Esta premisa corresponde al exprocurador general de la nación y excontralor general de la República, Edgardo Maya Villazón, al término de un Foro contra la corrupción celebrado en Valledupar el 7 de marzo de 2017, pero que hoy con la decisión de la procuradora general de la nación, Margarita Cabello Blanco, de suspender a dos alcaldes por presunta participación en política, cobra más vigencia que nunca.
“Una pena entre dos es menos atroz”, reza el refranero, y justo cuando se le quiere dar un barniz de equidad a una decisión que despierta polémica, levanta ampollas y se dividen culpas, la balanza aparentemente de equilibrio tiene dos actores: en un platillo reposa el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien hace política a favor de Petro, y en el otro el alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, alineado con la causa de ‘Fico’.
