Se implementarán nuevas cámaras de fotodetección en Valledupar, pero además en La Paz, Bosconia y San Alberto, para mejorar la movilidad y salvar vidas, coloquialmente conocidas como fotomultas, en el intento de frenar a los infractores de las normas de tránsito, lo que llega en un ambiente de incredulidad e indignación por el atropello y abuso en la imposición, muchas veces, de multas inexistentes, prefabricadas y accionadas a mansalva.
Capítulo especial merecen los kamikazes motorizados, muy referenciados en la Segunda Guerra Mundial. Eran los pilotos suicidas japoneses que tripulaban aviones con explosivos con los que se lanzaban contra objetivos, con la diferencia de que en Valledupar el blanco es el peatón que debe sortear los piques y el exceso de velocidad, incluido el servicio de mensajería.
Hablando de normas, en Colombia las hay a granel, aún sin estrenar, pero lejos de aplicarse con transparencia apuntan al “¡Negocio, socio!”, sin que se sonroje la codicia, ni hablar de ambiciones, que son detestables, todas, excepto las que ennoblecen al hombre y estimulan a la humanidad.
El desestímulo y pérdida de confianza institucional traza una cultura que no regla medidas propositivas sino coercitivas o represivas, carentes de pedagogía, que deben proceder antes de que se hagan efectivos los comparendos.
En la galería de fotomultas las hay para todas las infracciones, desde controlar el exceso de velocidad, evitar que los vehículos circulen por los andenes o zona peatonal, pasar el semáforo en rojo, hacer la U y adelantar en curvas y por la derecha, hasta exigir la revisión tecnicomecánica y el SOAT o Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, instrumentos que bien socializados podrían generar hábitos de seguridad vial.
Es mejor cumplir la ley que hacerla, porque todos los días se legisla; a manera de ejemplo, la norma más reciente expedida es la ley contra el ruido, escenario en el que las motos, algunas desprovistas de silenciadores, rompen la escala de decibeles con sonidos estridentes y ensordecedores, celebridades que habitualmente podemos encontrar en cualquier calle y avenida de Valledupar, con la complacencia de las autoridades e irrespeto a las comunidades circundantes que patológicamente son las más afectadas por escándalos que desencadenan estrés y ansiedad.
Las figuras no mienten, pero los mentirosos figuran; es el espíritu de la mayoría de congresistas que legislan para figurar, no para acertar soluciones, de ahí el sinnúmero de leyes que rigen a Colombia; se estima que más de 6 millones, por lo general decorativas, mezquinas e inútiles, pero con el mismo formato, porque cuando es más corrupto el Estado hay más normas y se convierten en leyes de burla, porque autoridad sin fuerza no vale, desenfrenos que, igual que los piques, merecen ser reprimidos con cárcel y decomiso del vehículo.
No en vano demandan 90 mil fotomultas por aparente ilegalidad. Los comparendos a este nivel deben hacerse en forma presencial y con agentes del Ministerio Público en consonancia con el Código Nacional de Tránsito y la norma rectora (Ley 769 de 2002), que establece la plena identificación del conductor y no de la placa del vehículo, disposición que es un saludo a la bandera por parte de las autoridades del orden nacional y municipal, aunque ya proceden medidas cautelares.
El abogado y defensor de la comunidad, Melkis Kammerer, formalizó una acción popular ante el Juzgado Segundo Administrativo de Valledupar y otras instancias, para que se reviertan las fotomultas ilegales, y en paralelo demandó la misma Ley 1843 de 2017, en la que se soportan estas actuaciones, ante la Corte Constitucional por inconstitucional, pero igual obran de manera exponencial cientos de acciones de cumplimiento para atajar malas prácticas o entramados de corrupción que golpean el bolsillo de propietarios de motocicletas y automotores.
Por Miguel Aroca Yepes.
