En nuestro país las historias se repiten con inusitada frecuencia y no por casualidad vivimos en un continuo realismo mágico. Hoy nos referiremos a lo acaecido recientemente en el Dane (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas); entidad en apariencia independiente del Ejecutivo, pero con lo que acaba de pasar la tan cacareada “independencia” queda en duda. Pero entremos en materia, sucede que el señor ADLE tuvo a bien destituir de la Dirección del Dane a Ricardo Valencia. ¿El motivo? Al parecer fueron varias las razones: la primera es que Valencia dijo a los medios de comunicación que la administración pasada no había manipulado las estadísticas, y la segunda es que el señor Valencia convocó una rueda de prensa para revelar datos estadísticos, “sin permiso de Abelardo”. Como si existiera la obligación legal de hacerlo. Dejo al lector(a) en libertad de calificar este hecho según su leal saber y entender.
Luego de su fulminante destitución**,** Valencia sostuvo que actuó con rigor técnico y que la obligación del Dane es cumplir la ley estadística y mantener su autonomía como bien público esencial para la democracia.
Este episodio parece revivir lo acontecido con el señor César Caballero, director del Dane, en los tiempos de Álvaro Uribe Vélez, pues tuvo que dimitir de su cargo por haber dado a conocer datos estadísticos a la prensa, desacatando una orden de Presidencia que lo conminaba a no hacerlo. Pero ¿qué era aquello tan importante que el Gobierno no quería revelar? Nada menos y nada más que una encuesta sobre el impacto de la violencia en Bogotá, Cali y Medellín. Al presentar su renuncia irrevocable, César Caballero manifestó: “Las estadísticas son públicas”; era una orden que “moralmente no podía cumplir”.
