Pese a que la estructura financiera de Electricaribe responde a características y operaciones de un ente privado, corresponde al Estado la función de coordinar la política de servicios públicos; a nivel local el control y vigilancia es ejercido por la administración municipal y a nivel nacional por la Superintendencia de Servicios Públicos. No obstante, al marco reglamentario y al ordenamiento legal que establece responsabilidad estatal; Electricaribe, continúa su paso leonino en la Costa Atlántica.
El año pasado Juan Manuel Campo, exrepresentante a la Cámara por el departamento del Cesar y el senador Jorge Enrique Robledo, pusieron de presente la problemática en el Congreso de la República, sin embargo, la solución del problema recae en el gobierno nacional. La dirigencia política de la región caribe no puede escatimar esfuerzos para estructurar una política que neutralice las arbitrariedades de Electricaribe, en especial, por lo determinante que fue en la reelección del Presidente Juan Manuel Santos.
En ese orden, la subnormalidad, es una de las líneas de acción, para evitar que los usuarios de la región sigan careciendo del servicio de energía, porque las conexiones son inadecuadas, según Electricaribe, entre 2011 y 2013, hubo 91 ciudadanos electrocutados por mal funcionamiento de las redes. Esta situación denota que la infraestructura con la que se está prestando el servicio es obsoleta, basta con ver los postes y los informes de la Superintendencia de Servicios Públicos: de 786 líneas y circuitos, en 250 no se han realizado inversiones en los últimos 4 años.
