Inicia el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella con un regalo incómodo: el Presupuesto General de la Nación para 2027 que no cierra por sí solo. Y es una situación que preocupa, después de revisar con calma el proyecto que el Ministerio de Hacienda radicó en el Congreso, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 346 de la Constitución Política, dentro de los primeros 10 días de cada legislatura. A última hora, pero lo presentó.
El gobierno saliente calculó ingresos por 545 billones de pesos y gastos por casi 576 billones. La diferencia, unos 30 billones, no está resultando: depende de una reforma tributaria que apenas se presentó al Congreso el 21 de julio y que, como sabemos por experiencia reciente, bien podría no pasar. La Constitución permite tramitar y aprobar el presupuesto en esas condiciones, sí, pero eso no lo hace menos riesgoso. Es como firmar un contrato de arriendo confiando en un aumento de sueldo que todavía no me han confirmado.
Y aquí viene lo que más me preocupa: esa papa caliente, según se mire, no la va a pagar quien la cocinó. La va a heredar la nueva administración del presidente Abelardo De La Espriella, que entra a gobernar justo cuando el Congreso comience a debatir este proyecto. Eso significa que el nuevo equipo económico tendrá que decidir, casi de entrada, si defiende la reforma tributaria que radicó su antecesor, la reformula por completo o busca otra fuente de ingresos. No es un tema menor: de esa decisión depende si realmente el presupuesto de 2027 puede ejecutarse sin sobresaltos.
