El anuncio del Gobierno Nacional de mantener el gravamen del 4×1000 y aumentar la base gravable y el universo del impuesto al patrimonio a los colombianos, causó esta semana un revuelo y contrariedad en la clase empresarial del país. A buena hora el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, entró en razón y reversó la medida.
Los colombianos estamos de acuerdo que hay que pagar impuestos para que el Estado financie sus gastos y las inversiones que deben realizarse para el bienestar de la población. El malestar radica en que se esta volviendo costumbre cubrir los huecos fiscales de cada año con impuestos que fueron creados para atender emergencias circunstanciales. Lo lógico es que se reduzca el gasto público, se consolide la política monetaria y se elimine el exceso de regulaciones que impiden el crecimiento de la economía del país.
El gravamen del 4×1000, creado en 1.998 -por un año-, para atender la crisis domestica financiera de esa época, lleva 16 años vivito y coleando. Con el impuesto al patrimonio ocurre lo mismo. Después de haber sido eliminado en 1992 para todos los contribuyentes, se reimplantó en el año 2002 con el nombre de “Impuesto para preservar la Seguridad Democrática” bajo la promesa del gobierno -no cumplida- de ser temporal. A partir de 2004 y hasta el día de hoy, se volvió adoptar con el nombre de impuesto al patrimonio, convirtiéndose en una fuente de ingresos permanente del Gobierno Nacional.
