COLUMNA

El negoción de las fotomultas

Generar confianza y respetar los límites de velocidad, las señales de tránsito y, sobre todo, la vida de los demás actores viales es y será —por siempre— una obligación irrenunciable, conforme poner freno a los excesos, pero la auditoría que debe liderar el Ministerio de Transporte solo tendrá credibilidad si logra corregir las irregularidades advertidas, retirar los dispositivos injustificables y, en definitiva, mejorar el actual modelo de control tecnológico

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Bajo el legítimo discurso de la seguridad vial, buena parte de las cámaras de fotomultas del país acabaron convertidas en “instrumentos de recaudo”, llevando la peor parte los carros, porque no es lucrativo multar a las motos, que carecen de capacidad económica para cubrir una multa de un millón 200 mil pesos, negoción que el gobierno busca frenar con un nuevo Código de Tránsito donde las multas, patios y grúas no sean un entramado de corrupción.

Ya es perogrullada, o verdad que no necesita demostración, que los mototaxis se vuelan los semáforos, vulneran la zona peatonal, adelantan por la derecha, hacen la U y poco les importa las cebras, entre otras infracciones, con el temor de que muchas de las multas de motos se le endosan a los carros de servicio público y particulares, abuso que es evidente a los ojos de las autoridades de Tránsito.

Lo ideal es tener una Valledupar sin ruido, en consonancia con la última ley expedida para regular los mototaxis, que adrede le quitan el silenciador a la moto para hacer más bulla, desbordando los decibeles, una unidad de medida logarítmica y adimensional que se usa para expresar la intensidad del sonido, comportamiento que impacta negativamente la salud por estrés y ansiedad, cuán irrespeto a una comunidad, lo que hay que reprimir con cárcel e inmovilizar la motocicleta.

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