El 9 de agosto de 2018, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Luis Fernando Arias Arias (Q.E.P.D.), líder indígena del Pueblo Kankuamo y entonces Consejero Mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), participó en la entrega a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) del informe sobre las afectaciones individuales y colectivas sufridas por los pueblos indígenas en el conflicto armado colombiano. En ese escenario, el líder indígena denunció la existencia de un “racismo institucional que ha limitado el acceso a la justicia y ha contribuido a la invisibilización de las violaciones de derechos humanos sufridas por estos pueblos”.
Las palabras de Luis Fernando Arias Arias evidenciaban una realidad histórica: durante décadas, las violencias sufridas por los pueblos indígenas, afrocolombianos, negros, palenqueros, raizales y Rrom fueron investigadas de manera insuficiente. Lo anterior obedece tanto a la limitada presencia estatal y judicial en amplias regiones del país como a la falta de comprensión de los daños colectivos sufridos por ellos, dos hechos que dificultaron el esclarecimiento de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en estos pueblos.
Ver en detalle esta realidad permite reconocer lo que se necesita enmendar, pero también invita a dimensionar la importancia del trabajo de la JEP, que, sin duda, ha contribuido a visibilizar las afectaciones individuales, colectivas, territoriales, culturales y espirituales que durante años permanecieron al margen de la justicia colombiana.
