La historia del constitucionalismo enseña que la desobediencia civil no nació para combatir gobiernos elegidos por el voto popular. Surgió como un último recurso frente a poderes que habían clausurado el Estado de derecho. Desde Henry David Thoreau hasta Mahatma Gandhi y Martin Luther King Jr., su fundamento ético fue siempre el mismo: resistir la opresión cuando desaparecen los caminos institucionales para reclamar justicia.
Invocar hoy esa figura frente a un gobierno democráticamente elegido, incluso antes de iniciar su mandato, constituye una profunda distorsión de su naturaleza jurídica y moral. La democracia no puede ser reconocida cuando produce un resultado favorable y desconocida cuando las urnas favorecen al contradictor. Esa no es una defensa de la democracia; es instrumentalización de la protesta.
Norberto Bobbio advertía que el verdadero patrimonio de la democracia no reside en la unanimidad sino en la aceptación de las reglas del juego electoral. En una democracia constitucional nadie está obligado a compartir las decisiones de la mayoría, pero todos están obligados a respetar el procedimiento que las hace legítimas. La oposición constituye un derecho; la insurrección política contra un mandato popular, una irresponsabilidad. Un desafío.
