Las elecciones presidenciales constituyen la máxima expresión de la soberanía popular en una democracia. Sin embargo, una vez concluye la contienda electoral y se conoce el veredicto de las urnas, comienza una responsabilidad aún mayor: la de gobernar para todos. Al fin y al cabo, como lo prescribe la Constitución Política, “el Presidente de la República simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos”. Y a eso se ha comprometido el presidente electo Abelardo de la Espriella.
Fue enfático, además, al asegurar que “no habrá vencedores ni vencidos”, al tiempo que sentenció que “en democracia no existen enemigos irreconciliables”. Ello habla bien del tono y la tónica de quien asumirá el 7 de agosto su investidura como Presidente de la República. Y no es para menos; después de tan reñida justa electoral se impone la necesidad de restañar las heridas y persuadirse de que, como lo afirmara el expresidente de los EE. UU., John Fitzgerald Kennedy, “se puede ganar con la mitad, pero no se puede gobernar con la mitad en contra”.
Quien es elegido Presidente de la República deja de ser el candidato de un partido, de una coalición o de un sector de la opinión pública para convertirse en el presidente de todos los colombianos, incluidos quienes no votaron por él e incluso quienes se opusieron a su elección. Es más, como advierte el gran jurisconsulto austríaco Hans Kelsen, hay que saber distinguir muy bien la legitimidad de origen de la legitimidad de ejercicio del poder, la cual se refrenda cotidianamente con los actos de gobierno.
