Para quienes son seguidores acérrimos del señor Nayib Bukele y lo ven como el mesías de El Salvador, hemos querido detenernos en el análisis de una respuesta dada a una periodista chilena que lo cuestiona acerca de las violaciones de los DD. HH. en ese país, a lo que él responde de la siguiente manera: “¿Por qué siempre que se habla de DD. HH. se enfocan en los DD. HH. de ellos, que los tienen, por qué ellos son la prioridad única de las organizaciones de DD. HH. y nadie ve por los derechos de las víctimas?”. Veamos: Hábilmente, Bukele establece un “ellos” y un “nosotros”. Eso de inmediato causa un efecto en el público en el sentido en que se rechaza lo que hacen “ellos”: delinquir, y se aprueba lo que hacemos “nosotros”: ajusticiar. Eso es maniqueísmo puro. Es dividir el complejo problema de la criminalidad en “buenos” y “malos”. Segundo: A regañadientes Bukele acepta que los DD. HH. son universales, es decir, siguiendo el hilo conductual de su respuesta, se aplican a buenos y malos. Esto nos lleva al siguiente interrogante: ¿quiénes tienen derecho al debido proceso? ¿Únicamente los buenos? ¿Únicamente los malos? ¿Todos?
Pues bien, si aceptamos, como lo acepta el propio Bukele, que buenos y malos somos titulares de DD. HH., entonces, ¿por qué se envía a la cárcel a supuestos pandilleros por el solo hecho de tener un tatuaje? ¿Tal vez por aquel prejuicio de que la gente decente no se tatúa? Pero, ojo, estamos frente a un prejuicio, y no ante un proceso penal donde se haya demostrado la responsabilidad penal del sujeto frente a la comisión de una conducta punible. En otras palabras, estamos yendo más allá de lo que el Código Penal de El Salvador considera como conducta punible. Tercero: ¿La presunción de inocencia se aplica solo para los buenos? ¿Únicamente para los malos? ¿Para todos? El mismo presidente salvadoreño admite, con algo de repulsión, que es para todos, “buenos y malos”. Entonces, ¿por qué no se toma en cuenta al momento de juzgar a una persona?
Todo ello nos lleva a una reflexión acerca de lo difícil que es equilibrar en la balanza el tema de la seguridad con el tema de los DD. HH. No todo lo que haga el Estado en nombre de la seguridad es lícito: pensemos en las ejecuciones extraprocesales, desapariciones forzadas y secuestros, y es precisamente el Estado el que debe tener límites constitucionales y legales en su actuar. La pérdida de estos límites, en nombre de la seguridad, nos pone a las puertas de la tiranía.
