No solamente la Procuraduría Regional le ha advertido al alcalde de Valledupar sobre los efectos de su inoperancia en el control urbano, también lo hizo la Comisión Regional de Moralización integrada por la Contraloría Mpal, Fiscalía y Defensoría del Pueblo, entre otros. Para el alcalde esas advertencias son solo letras muertas que no implican sino un buen manejo de la situación, porque no ha hecho nada distinto de anunciar el nombramiento de 18 agentes auxiliares para contrarrestar la evasión de impuestos y controlar el riesgo producido por las construcciones de edificios sin licencias, bajo el temor que se desplomen. Cualquiera que escucha la retórica del dirigente, se imagina la llegada de una comisión de expertos en esos asuntos, conocedores del tema de infracciones urbanísticas y que se encargarán de inmediato de esta misión. Lo que no conoce la gente es que son contratos con unos muchachos vinculados a la iglesia Cristiana, que no tienen ni idea de control físico, que andan como los sonámbulos recorriendo los barrios a pié y que su accionar ha complicado las cosas, porque a esos auxiliares hay que volverles a revisar sus tareas por los innumerables errores de sus inspecciones. Dichas cuadrillas tampoco son acompañadas por los inspectores de policía, como lo exige la ley, porque tampoco el alcalde los ha nombrado.
Estas alcaldadas, solo son una permanente falta de respeto a las autoridades, las cuales se conforman con la habilidad de los funcionarios para justificar sus actuaciones, estrategia para engañar al pueblo con sus victorias tempranas y digo engañar, porque es fácil comprobar que el control físico no tiene estructura funcional alguna, donde se conozca el recurso humano utilizado, experiencias específicas y sus funciones; tampoco existen procedimientos de quejas y soluciones, equipo tecnológico insuficiente, no hay archivos que cumplan con la norma, falta de procedimiento total para el control.
