Existe una pregunta incómoda que interpela el corazón de nuestra democracia: ¿de qué sirve contar con una Constitución llena de derechos y libertades si quienes ejercen el poder no están dispuestos a respetarla y si la ciudadanía contempla su desconocimiento con indiferencia?
El contraste protagonizado por el presidente Abelardo de la Espriella, otrora abogado penalista y defensor de las garantías procesales, resulta preocupante. Quien antes sostenía la importancia del debido proceso, la presunción de inocencia y el respeto por los derechos de las personas capturadas, hoy aparece exponiendo, reprendiendo y lanzando epítetos condenatorios contra detenidos ante las cámaras. Esta contradicción revela una vieja amenaza: que las convicciones jurídicas cedan ante la tentación autoritaria que puede acompañar al ejercicio del poder.
La Constitución Política no es un simple compendio de artículos ni una cartilla para memorizar. Es el pacto fundamental que organiza el Estado, limita el poder, protege la dignidad humana y recuerda que nadie, cualquiera que sea su investidura, está por encima de la ley. La grandeza del Estado social de derecho no se mide únicamente por su capacidad para capturar delincuentes o imponer la fuerza, sino, sobre todo, por su rigor al respetar los derechos fundamentales de todas las personas, incluso de aquellas señaladas por los delitos más graves. Es allí donde se demuestra la fortaleza de las instituciones.
