Las recientes cifras del DANE hablan a grito sobre las desgracias que padece el Caribe colombiano. El 85 % de los habitantes de una de sus ciudades capitales (Valledupar) considera estar en situación de vulnerabilidad y pobreza; solo un 15 % de su población afirma estar en buenas condiciones económicas, una cifra que duplica el promedio nacional de reconocimiento de la pobreza que está en un 44 %.
Seguidamente, Valledupar se consolida en el 2024 como la ciudad con la más alta tasa de inflación en Colombia; pódium que no debería sorprender a nadie, ya que por diversos años ha venido registrando en el ranking como una de las ciudades más costosas e invivibles del país. Solo recordar que en 2014 y 2022 fue considerada, respectivamente, como la primera y segunda ciudad más costosa de Colombia, y no por las tarifas de energía o el reciente incremento en los precios del combustible, como ahora quieren deliberadamente hacer ver.
La razón es otra y trae implícito un problema cultural, político y social de mayores proporciones, que afecta a muchas otras ciudades de Colombia, y es que la miopía y codicia de su clase social y política impidió su desarrollo industrial y productivo, convirtiéndola en una “Ciudad sin producción”, donde las únicas fuentes de empleo formal son las metastásicas instituciones públicas, desde hace décadas raptadas por una clase sociopolítica que sin pudor las ha usado como fortines burocráticos y herramientas de perpetuación en el poder.
