Para el 2013, la Gobernación del Cesar inició uno de los proyectos más ambiciosos en materia de ciencia y tecnología del departamento. El nombre del proyecto era la  “Consolidación de las capacidades de ciencia, tecnología e innovación del sector agropecuario del Cesar”.

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 Con millonarios recursos se contrató la construcción de dos Centros de Desarrollo Tecnológico (CDT): el CDT ganadero y el CDT pesquero. Ambos en un solo proceso licitatorio pero con recursos asignados: para el CDT ganadero $29.566 millones y para el CDT pesquero $21.439 millones.

Una apuesta ambiciosa para que el Cesar se posicionara como un departamento generador de valor agregado en el campo  gracias a la tecnología. Sin embargo, a seis años de su contratación, la multimillonaria inversión está bajo cuestionamiento.

Por eso, este martes los diputados de la coalición del Centro Democrático, Claudia Margarita Zuleta y Ricardo Quintero Baute, desarrollaron un debate de control político, con la premisa que no se han cumplido los objetivos iniciales del contrato, a pesar de las millonarias inversiones y las adiciones en tiempo y presupuesto hechas al proyecto.

LA OBRA QUE NO FUE

El Cesar es un departamento agrícola, principalmente, ganadero. No obstante, en el centro y sur del departamento miles de familias dependen de la pesca en el río Magdalena y sus complejos cenagosos. Con la construcción del CDT pesquero por un valor inicial de $21.439 millones, el exgobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, en su primer mandato, apostaba por transformar este sector de la economía agrícola.

La megainfraestructura que contaría con avanzada tecnología inició su construcción en el 2014, en un lote aledaño a la Universidad Nacional sede La Paz. El plazo inicial era de 13 meses.

No obstante, alrededor de 5 años y 6 meses después de suscrito el contrato, la construcción del CDT pesquero solo avanza en un 30 % y, al parecer, el contrato ya fue liquidado.  El contratista era  la Union Temproral Arenk, conformada por la Compañía de Ingenieria, Negocios y Servicios S.A con el 50 % de participación y Nelson Ramón Molinares Amaya con el otro 50 %.

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El año pasado a pesar de no haber cumplido con su compromiso, el contratista hizo entrega de la obra al exgobernador Francisco Ovalle. Por eso,   la interventoría dejó constancia que no se entregaba la obra completa y que por lo tanto era “necesario que el contratante adelantara las gestiones pertinentes que den lugar a reclamar administrativa y judicialmente el cumplimiento y calidad de las obras ejecutadas”.

¿Por qué no se entregó la obra completa? Según los argumentos expuestos por la diputada Claudia Zuleta, durante la ejecución del primer contrato se desfinanció la construcción del CDT pesquero, trasladando más de $15.000 millones hacia las obras del CDT ganadero. Movimiento que basándose  en un concepto del Departamento Nacional de Planeación, DNP, es irregular.

“En ningún caso los ajustes considerados por la entidad pública ejecutora del proyecto podrán afectar los términos iniciales de su viabilidad y aprobación, ni modificar el objeto o alterar sustancialmente las actividades”, dice el DNP.

“En el marco del proyecto el contratista dice que necesita más recursos para el CDT ganadero y la Gobernación en vez de adicionarlos, quitaron los recursos del CDT pesquero y lo dejaron sin construir. La administración no puede aprobar tremenda irregularidad: aceptar que no se ejecute la mitad del proyecto y favorecer lo que les parecía más importante, el CDT ganadero. Lo peor es que lo hicieron sin consultarlo con el Sistema General de Regalías”, agregó la diputada.

Al contrario, según la secretaria de Infraestructura del Cesar, Esther Mendoza, “no existieron movimientos presupuestales toda vez que es un solo contrato”. “Para este caso se realizó una modificatoria de mayores y menores cantidades como lo permite la Ley 80. Las obras adicionales hacen referencia a obras no contempladas que requieren ser ejecutadas para el cumplimiento del objeto contractual. El departamento del Cesar consideró que no era oportuno tramitar un adicional al contrato, por el contrario se decidió concretar los esfuerzos para finalizar el CDT ganadero teniendo en cuenta que esta ya gozaba con infraestructura construida”, dijo Mendoza.

Por eso, seis años después de su construcción entró en funcionamiento el CDT ganadero, con la inversión inicial más los $15.000 millones adicionados, pero el CDT pesquero quedó en obra gris y cerca de ser un elefante blanco. Así, el valor real de la infraestructura ganadera terminó siendo superior a los $45.422 millones, un 53,6 % más del valor inicial, según lo expuesto este martes.

Otro punto cuestionado fue la propiedad del terreno donde se construye el CDT pesquero. Lo anterior porque según documentos aportados por los ponentes, en el 2010 la Gobernación del Cesar donó el lote ubicado en la vía al municipio de La Paz a la Universidad Nacional donde se construyó la sede Caribe del centro de educación superior, sin embargo, en el 2013, cuando se formuló el proyecto de los Centros de Desarrollo Tecnológico, dentro de los activos que aportó el CDT se incluyó el lote que sería propiedad de la Universidad y no del centro de desarrollo.

“La universidad nunca se compromete a entregar ese lote. Entonces hoy hay un limbo jurídico porque la Gobernación hizo unas inversiones públicas sobre un lote que es de una entidad distinta. Y no está claro el compromiso que tiene la universidad sobre la operatividad del proyecto”, relató la diputada.

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NUEVO CONTRATO 

Recién posesionado como gobernador en su segundo periodo, una de las primeras tareas de Monsalvo consistió en la firma de un nuevo contrato por $10.912 millones para terminar las obras del CDT pesquero, que hasta el momento era un elefante blanco. La obra, antes desfinanciada, ahora cuenta con recursos adicionales para ser concluida en el 2021.

“Han hecho un nuevo contrato sustentado en un proyecto que ya había agotado su presupuesto. Una grave irregularidad. (…) Deben entregar dos sedes y solo entregan una. Se hace un nuevo contrato. Cuatro años han pasado y las obras no están terminadas y están lejos de estarlo. Las obras no han cumplido los objetivos que tienen que ver con el desarrollo de ciencia y tecnología”, sostuvo la diputada Zuleta.

¿SOBRECOSTOS?

Además de la desfinanciación del CDT pesquero y el incumplimiento de los plazos, durante el debate se puso sobre la mesa los posibles sobrecostos en la compra de materiales durante la ejecución del primer contrato.

Así, señalaron, que en la revisión de los documentos entregados se evidenció que algunos de los ítems no presentaban precios razonables.

Empezando por el concreto para placa huellas. Este material  tiene un valor en el presupuesto de la obra por metro cuadrado de $675.730, para un espesor de 15cm, lo cual representa un valor por metro cubico de $4.504.867. Según señalaron los ponentes, encontraron que en el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, “una placa de concreto que tiene más concreto y mejor especificación vale $418.583 pesos por metro cubico”. En total la diferencia es superior a los $4 millones de pesos, lo que significaría un presunto sobrecosto del 976 % en lo adquirido por la Gobernación.

Situación que se repite con el relleno con material seleccionado. En  el presupuesto de la obra este material presenta un valor de $77.831, mientras que en la lista de precios del IDU se encuentra sobre $23.645. Un aumento del 229 %. Lo mismo pasa con los postes en concreto con un aumento al parecer injustificado del 198 %; el caso más preocupantes es el  convertidor de VGA a HDMI y convertidor de HDMI a VGA avaluado en $2.007.174, cuando, “asumiendo que es un convertidor normal, su valor estaría en el mercado entre $20.000 y $100.000 dependiendo la marca”, según explicó la ponente. De comprobarse, el sobrecosto sería de un 4.170%. Como estos, reportaron posibles sobrecostos en más de una decena de ítems del contrato. 

HALLAZGOS FISCALES

A finales de 2016, la Contraloría General de la Nación reveló un hallazgo por $25.000 millones de pesos en las obras del Centro de Desarrollo Tecnológico del Cesar, contratación realizada  por la Gobernación de Cesar en 2014. 

Exactamente, las obras corresponden a las dos edificaciones reseñadas: el CDT ganadero y el CDT pesquero, por las cuales según oficio expedido por la Gobernación del Cesar, a finales de ese año, había pagado un valor total de $25.062 millones de pesos, que corresponde a 49.2 % de ejecución del proyecto.

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Sin embargo, para el grupo auditor, conclusión dada en 2016, “el contratista no ha desarrollado el objeto del contrato ni la Gobernación del Cesar ha definido dicha situación, lo cual ha llevado a retrasos en la construcción de las obras que debieron terminar el 31 de marzo del 2016, con lo que se estaría evidenciando una gestión antieconómica”. Lo cierto es que cuatro años después de la auditoría hecha por la Contraloría General no se alcanzó el objetivo de construir los dos CDT.

En ese momento, la Contraloría encontró debilidades en la planeación del proceso contractual, en la ejecución del contrato, así como presuntas deficiencias por parte de la interventoría y de la supervisión por falta de aplicación efectiva de controles. Errores que llevaron a que seis años después del inicio de la obra,  el contratista no cumpliera con lo pactado y el CDT pesquero siga en obra gris, obligando a adicionar más recursos.

Por: Deivis Caro
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