El informe ‘Conflicto en el campus: una generación que no aprendió a rendirse’ fue realizado por los comités de investigación de las universidades de Cartagena, Atlántico, Sucre, Magdalena, Córdoba y Popular del Cesar, con el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ).

El informe será presentado en un acto virtual y presencial el próximo 30 de noviembre, entre las 3:00 y 6:00 de la tarde, cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad. El evento tiene como principal objetivo dar a conocer las afectaciones que se dieron desde los años 70 contra el movimiento estudiantil universitario, que incidió en el libre ejercicio de su organización, de la expresión de sus opiniones y de la movilización social.

Entre 1997 y 2007 se dio la mayor violencia en las universidades públicas del Caribe colombiano. En la Universidad del Atlántico, por ejemplo, se produjeron alrededor de veinte asesinatos de estudiantes y trabajadores, de acuerdo a los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica(CNMH) y el informe entregado por el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ). 

El informe del ICTJ indica que, en la Universidad de Córdoba, el entonces jefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, llegó a manejar la toma de decisiones e instaló prácticas administrativas y criminales a su favor. Entre tanto, en la Universidad de Magdalena la contratación de algunos servicios, como el del aseo, fueron cooptados, mientras se asesinaban a estudiantes y docentes. Y en las universidades de Cartagena y Sucre también se produjeron amenazas, desapariciones, torturas y asesinatos contra líderes estudiantiles.

Agrega el informe que la incursión paramilitar en las universidades se dio en el marco del recrudecimiento del conflicto armado en el país y la región Caribe, lo que afianzó las prácticas de la estigmatización hacia el movimiento estudiantil y los sindicatos de las universidades. 

De acuerdo a esta investigación, los impactos a los estamentos de las universidades del Caribe dan cuenta de los daños a los proyectos políticos y sociales del movimiento estudiantil. Sus líderes fueron asesinados en total indefensión y las organizaciones estudiantiles de cada una de las universidades resultaron fracturadas ante la arremetida de la violencia. 

En otro aparte se indica en el informe que recibirá la Comisión que, durante este período de gran crisis, se produjo la presencia de la insurgencia (grupos como el ELN, las FARC y EPL), en las universidades y el movimiento estudiantil y las organizaciones sindicales tuvieron que enfrentar este fenómeno. Esto tradujo en que el espacio universitario se convirtiera en un escenario de riesgo, que se acrecentó con las infiltraciones y los proselitismos políticos de las insurgencias. 

Este informe hace parte del proceso de escucha plural que lleva a cabo la Comisión y servirá como insumo en el riguroso proceso investigativo que realiza la entidad.

La Comisión de la Verdad busca visibilizar los impactos que la guerra y los actores armados ocasionaron a las instituciones, al ser estigmatizadas, y los miembros de su comunidad, victimizados. También mostrar la complejidad y las afectaciones producidas por los actores armados, que convirtieron un espacio de deliberación y democracia como lo es la universidad pública, en un escenario de persecución, violencia y autoritarismo. 

Este acto de entrega de informes ante la Comisión de la Verdad es parte de un proceso de reconocimiento de responsabilidades de los daños causados a las universidades y el movimiento estudiantil, en alianza con el ICTJ y los equipos de informes de las universidades del Caribe colombiano.