El Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió provisionalmente el contrato suscrito entre el INCO (hoy Agencia Nacional de Infraestructura – ANI) y la firma brasileña Odebrecht, para la construcción de la Ruta del Sol, sector dos, amparado en una medida cautelar solicitada por la Procuraduría.

La suspensión ha dejado miles de afectados en la zona del Magdalena Medio, que comprende el sur del Cesar y el departamento de Santander.

Zozobra es lo que se percibe a lo largo de este macroproyecto vial, entre Sabana de Torres (Santander) y San Roque (Cesar). Obreros, volqueteros, camioneros, hoteleros y demás afectados están preocupados por la situación de la obra ante el escándalo de sobornos que protagoniza Odebrecht y que ha tocado las más altas esferas políticas del país.

“Esta es una obra que genera demasiado desarrollo para todo el país y la pararon, en peleas de burros paga el arriero; nos vamos a ver perjudicados en dos temas que se derivan de esta problemática: el primero es que no sabemos a quién cobrarle y quién nos va responder por la plata que nos deben”, manifestó Jaime Hernández, Contratista de la Ruta del Sol II, durante una entrevista al Noticiero CM&, que visitó el municipio de Sabana de Torres, donde el Consorcio Ruta del Sol adeuda alrededor de tres mil millones de pesos a los empleados.

La parálisis de la obra ha dejado a más de 20 mil familias afectadas en el Magdalena Medio, donde lo que más temen es que haya suspensión a largo plazo y la crisis se agrave.
“Preocupados por la situación nosotros como subcontratistas, ya que hasta el momento no ha habido ninguna manifestación de parte del Gobierno Nacional ni de Consol, con referente al tema de los pagos. Estamos mal y en la obra del tramo uno al tramo dos son más de 20 mil familias las afectadas”, dijo Jairo Navarro, contratista.

Los afectados señalaron que de no llegar una solución por parte del Gobierno para definir qué pasará con la obra, tomarán las vías de hecho para reclamar ante las pérdidas que el caso de corrupción les ha generado.

El pasado 21 de enero centenares de trabajadores de la Ruta del Sol, tramo dos, en Aguachica (Cesar), El Hato (Santander) y Puerto Boyacá (Boyacá), marcharon de manera pacífica, para exigir respuesta al Gobierno sobre su futuro, dada la situación que enfrenta este proyecto vial.
La preocupación de los empleados también es porque el tribunal arbitral que tomó el caso de la Concesionaria Ruta del Sol, aceptó la demanda de nulidad de contrato solicitada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Durante la marcha solicitaron que les digan qué pasará con los 20 mil trabajadores.

Ante el trámite, la ANI había explicado al anunciar su demanda que “la decisión por parte del tribunal implica la terminación del contrato y permite la apertura de una licitación para terminar las obras”.

Los pros y los contras de la parálisis

Andrés Alejandro Rodríguez Lozano, personero del municipio de Aguachica, explicó que “son más de mil empleados porque hasta donde tengo conocimiento ellos todavía están vinculados a Consol, pero no están trabajando mientras se resuelve si les van a suspender el contrato o si va venir otra empresa. Ellos están haciendo unos trabajaos muy mínimos, pero el resto de la obra está parada, a la espera de que el Gobierno Nacional tome las medidas”.

Esta situación motivó una marcha pacífica de los trabajadores, contratistas y demás beneficiarios de macroproyecto vial. “El perjuicio es grande si llegaran a quedar estas familias sin empleo, además ya se realizó una marcha pacífica, hubo un bloqueo por un espacio de tiempo coroto, la gente salió a protestar por el tema de Consol, pero el panorama aquí esta no muy claro y la gente está a la espera de que se resuelva si les van a renovar contrato o va venir otra empresa”, precisó el personero.

En cambio, en el municipio de Pelaya, hay gente contenta con la parálisis de la obra, porque según ellos, el proyecto va a dejar aislado al municipio.

“A nosotros nos ha beneficiado que esa obra la hayan suspendido, nosotros estábamos luchando porque la Ruta del Sol quería aislar al municipio de Pelaya, no tenían un plan B para una vía de acceso. De alguna manera eso permitió que la Ruta del Sol no siguiera construyendo la variante, las peticiones que nosotros hacíamos eran los accesos, ellos querían dejar uno solo. Es decir, que si se venía de Valledupar se tenía que pasar por la vía principal de Pelaya con dirección a Aguachica, pero los que venían de Aguachica para Valledupar, obligatoriamente tenían que coger la variante, no había quedaría un acceso directo”, manifestó Gener Hernández, personero de Pelaya.

La disputa entre el consorcio y la comunidad generó la no contratación de obreros de Pelaya, según denunció el personero de ese municipio.

“Represalias al rechazo de la obra que pasa por el municipio, ellos decían que eran generadores de más de 200 empleos y el hecho de que de alguna manera las autoridades del municipio se hayan enfrentado a ellos, pues lo tomaron como algo personal y no vinculaban mano de obra de Pelaya, la mayoría de trabajadores eran de Aguachica”, afirmó como agente del Ministerio Público.
El personero también denunció que Consol fue responsable de la escasez de agua y sequía de dos quebradas en Pelaya. “Una afectación grande fue la sequía de la quebrada Simaña y Singararé, el año pasado hubo una escases de agua que tocó traer carro tanques de agua y todo por la extracción de agua que ellos hicieron de la quebrada”, agregó Gener Hernández.

Ruta del Sol evalúa las medidas a tomar

“Frente a los hechos que se presentaron la semana pasada, Consol está evaluando las posibilidades de actuación con respecto al tema. Es lo único que podemos decir porque efectivamente como la información del Gobierno se dio el viernes (10 de febrero), hay que revisar de qué forma se va a proceder”, dijo la concesionaria al diario EL PILÓN.

Para la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el contrato suscrito, el pasado 1 de enero de 2014, entre el INCO (hoy Agencia Nacional de Infraestructura – ANI) y la firma Odebrecht, debe ser interrumpido temporalmente mientras se resuelve en un Tribunal de Arbitramento el litigio que se sigue para dar nulidad al mencionado contrato, luego de que se conocieran las irregularidades que se presentaron para que Odebrecht obtuviera el mismo.

Entre tanto, el organismo judicial faculta al presidente Juan Manuel Santos, para que designe una autoridad que administre el proyecto Ruta del Sol II, que actualmente se encuentra en ejecución.
El primer mandatario deberá velar para que se respeten los contratos de los trabajadores que actualmente se desempeñan directa e indirectamente en la obra.

El escándalo que salpicó a los congresistas

En medio del escándalo nacional se conoció que Eleuberto Martorelli, director de Odebrecht en Colombia, habría declarado ante la Fiscalía sobre el pago de sobornos a tres congresistas, entre ellos al cesarense Alfredo Cuello Baute. Sin embargo, el representante a la Cámara negó cualquier encuentro con Martorelli o con las personas que en el momento están siendo procesadas por la Fiscalía General de la Nación.

Martorelli había declarado ante la Fiscalía, que el senador del Partido de La U, Bernardo Miguel Elías, conocido como ‘Ñoño’; el representante a la Cámara por el liberalismo Alejandro Carlos Chacón y el también representante a la Cámara por el Partido Conservador Alfredo ‘Ape’ Cuello, se habrían reunido con el detenido exsenador Otto Bula, con el fin de buscar la adjudicación del contrato de la vía Ocaña-Gamarra, perteneciente a la Ruta del Sol.

Alfredo Cuello envió un comunicado a los medios de comunicación desmintiendo lo que supuestamente expuso el director de Odebrecht y aseguró que no tiene nada que ver con los pagos de sobornos que hizo la empresa brasilera a funcionarios del Gobierno Nacional para que se adjudicara dicho contrato.

“Con respecto a la información publicada por algunos medios de comunicación, manifiesto que no conozco al señor Martorelli ni a ningún funcionario o persona que tenga relación con la empresa Odebrecht, no conozco al señor Otto Bula y nunca me he reunido con él en ninguna circunstancia. Además exijo respetuosamente se aclare el contenido de la información que dio origen a las publicaciones”, indicó el congresista conocido como Ape’ Cuello.

Por el momento la Fiscalía no ha señalado o llamado a declaraciones a ninguno de los congresistas actuales con el caso de Odebrecht.

Martorelli, que busca un principio de acuerdo con la Fiscalía colombiana, Bula se reunió con funcionarios públicos y confirmó que los pagos por 4.6 millones de dólares se hicieron en su paso por la presidencia.

Por otro lado, el senador Jorge Robledo, del partido Polo Democrático Alternativo, dijo que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, debe declararse impedido en los casos de corrupción que investiga de la constructora brasileña Odebrecht, pues asesoró a varias de esas empresas.
“Es evidente que Néstor H. Martínez no puede ser fiscal en este caso, está impedido, no puede actuar”, dijo Robledo en una rueda de prensa en la que presentó documentos relacionados con el ejercicio del fiscal como abogado.

Sin embargo, fue la investigación de la Fiscalía la que llevó hasta el exviceministro de Transportes, Gabriel García Morales, y el exsenador Otto Bula, hasta ahora los dos únicos detenidos por los sobornos de Odebrecht en el país, caso que salpica a las campañas presidenciales del Gobierno y la oposición en las elecciones de 2014.

Según el senador Robledo, Néstor Martínez ha tenido vínculos con empresas relacionadas con Odebrecht en Colombia a través de compañías que asesoraron a la constructora o como miembro del Gobierno, en la época en que fue ministro de la Presidencia, entre agosto de 2014 y junio de 2015.

Robledo añadió que el fiscal “viola normas por su interés directo, pues su firma de abogados es asesora de la Ruta del Sol II”, carretera que está en el centro de las investigaciones a Odebrecht por el pago de 11,1 millones de dólares en sobornos en Colombia.

El congresista agregó que la firma Martínez Neira Abogados, dirigida por Camilo Martínez, hijo del fiscal, asesoró a Navelena, empresa de la cual hacía parte Odebrecht en el contrato para las obras de navegabilidad del río Magdalena, el principal del país.

La concesión vial Ruta del Sol II incluye la construcción de unos 600 kilómetros de doble calzada de la carretera que comunica el centro del país con la costa atlántica, entre las localidades de Puerto Salgar, Cundinamarca y San Roque en el Cesar.

Robledo sostiene además que el estatal Banco Agrario financió a Odebrecht y a Navelena cuando ya estaba quebrada con una tasa de interés menor a la que se cobra a los campesinos colombianos que deben ser los beneficiarios de esta entidad.

“Es bien curiosa la desesperación de la Fiscalía por hacer una absolución política al contrato de Navelena”, dijo Robledo al recordar que en su momento Martínez reconoció que inicialmente y con la información que tenía del Departamento de Justicia de Estados Unidos no se habían encontrado evidencias de hechos de corrupción en ese contrato.

Sin embargo, el pasado 27 de enero, la Fiscalía abrió una nueva investigación por irregularidades en la licitación y adjudicación a Navelena del contrato para recuperar la navegabilidad por el Magdalena.

En opinión del senador, “son varios los elefantes (casos notorios) de corrupción en el caso Odebrecht que el fiscal no ha visto”; e insistió en que el fiscal Martínez está “actuando en flagrante violación de las normas de inhabilidades e incompatibilidades” propias de su cargo.

Así las cosas, mientras los políticos más importantes del país, incluido el presidente Juan Manuel Santos, tratan de demostrar que no recibieron dinero de Odebrecht, los obreros y vecinos del proyecto vial en el departamento del Cesar ruegan que este se siga desarrollando de la mejor manera para que no les afecte negativamente la economía local.

Los volqueteros, camioneros, hoteleros y afectados denunciaron el abandono del proyecto debido al escándalo de corrupción de Odebrecht.

Mohamed Osman Díaz
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