Tradicionalmente, al hablar de los paros de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode, y al observar las marchas de los docentes en las distintas ciudades, pareciera que estuviéramos frente a un Déjá vu (evocación de algo ya visto), pero esta vez esas jornadas de protestas y cese de actividades académicas tienen un tinte un tanto diferente en razón a que se supone que son los mismos aliados del gobierno actuando en contra suya.

Es sabido que generalmente las directivas de Fecode son de tendencia política de izquierda y en esta ocasión el gobierno es de esa misma línea y por ello ayudó a elegirlo y a financiarlo, sin embargo, los paros educativos continúan como este que se acaba de iniciar de manera indefinida este miércoles 12 de junio, pero con ciertos contenidos distintos.

Tal situación muestra a un cese de actividades con diferentes matices y son diversas las miradas entre uno u otro sector y también desde las distintas posiciones políticas.

La tesis tradicional de estas jornadas es la búsqueda de reivindicaciones salariales, mejoras en las condiciones laborales y una educación pública de calidad. A diferencia de las otras épocas, las motivaciones de ahora son un poco más centradas en la inconformidad del magisterio frente al nuevo sistema del servicio de salud prestados a los docentes y también por los reparos al proceso de evaluación de los maestros.

“El proyecto conciliado por las diferentes bancadas en la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la República no corresponde con los acuerdos suscritos entre el Gobierno nacional y Fecode. Solicitamos al presidente, a la ministra de Educación, a los senadores de la República, en especial los de la bancada del Pacto Histórico, se haga eco de la solicitud de Fecode: el retiro del proyecto de Ley Estatutaria o el hundimiento de la misma”, señala el comunicado oficial de Fecode.

En cuanto a la evaluación de docentes Fecode señaló que “el magisterio nunca se ha opuesto a ser evaluado; la diferencia es que quieren una evaluación punitiva, sancionatoria; nosotros decimos que debe ser una evaluación diagnóstica, formativa, que conduzca a la capacitación y cualificación docente”, según afirmó Nelsón Alarcón, miembro de la CUT.

De manera paradójica, los sectores políticos opositores al Gobierno nacional también se oponen al paro de Fecode, tras considerar que afecta la calidad de la educación pública.

Pese a que este paro ha generado diversas reacciones de la sociedad civil, unos a favor y otros en contra, por encima de todo debe estar el derecho a la educación.

Además, independiente de las posiciones de uno u otro bando, es una verdad de Perogrullo que en Colombia hace falta mejores condiciones laborales para los docentes, infraestructura y recursos para la educación, un mejor sistema de salud para el magisterio y eficientes políticas educativas, entre otras. Para superar todo eso se requiere lograr un punto de encuentro entre las partes. A ello deberían apuntarle todos los sectores.

Consideramos que debe hacerse lo posible por alcanzar un acuerdo sobre la base de que la evaluación es imprescindible para la calidad de la educación y el futuro del país. Pues resulta paradójico que altos dirigentes de Fecode preferirían tener a sus hijos estudiando en colegios privados.