Humberto De la Calle Lombana estuvo en Valledupar en un papel diferente en el que vino en julio del 2016, cuando hacia pedagogía por la paz con los acuerdos logrados con las Farc en La Habana, Cuba. Esta vez llegó para reunirse con los miembros del partido Liberal en el Cesar, con los gremios y los estudiantes, para medir el pulso político de la región.

Aunque asegura que no es precandidato presidencial, no negó su interés en defender los acuerdos de paz, así sea como aspirante a la Presidencia de la República. En entrevista concedida a EL PILÓN, De la Calle se refirió a la preocupación de los dueños de tierra, la decisión de la Corte Constitucional que complica el cumplimiento de los acuerdos, la Jurisdicción Especial para la Paz, el debilitado partido Liberal y la petición de los gobernadores para que los dejen administrar la plata del posconflicto.
EL PILÓN: La última vez que vino a Valledupar dijo que no tenía aspiraciones presidenciales. ¿Parece que ahora sí?
Humberto de la Calle: Me parece muy pertinente la pregunta porque yo no estoy lanzando una candidatura presidencial, he visto y he oído personas que piensan que ese es el camino. Quiero decir lo siguiente: me parece que los acuerdos logrados están en riesgo, grupos políticos han dicho que van a volver trizas el acuerdo, que van a dar marcha atrás, eso sería una calamidad, es lo peor que le puede pasar a Colombia, por lo tanto yo estoy al servicio de la defensa de los acuerdos, de mantener las nociones de respeto a las personas que se derivan de la Constitución del 91, sobre eso he construido mi vida y estoy listo a continuar en ese proceso de defensa, donde me toque. No debemos dar marcha atrás y procuraré estar en la defensa de las ideas que están conduciendo al logro del fin del conflicto en Colombia.

E.P: ¿Qué opina de la decisión de la Corte Constitucional, con la que puso freno de mano a la aprobación de leyes a través del mecanismo fast track (vía rápida)?

Manifestar respeto a la Corte, me parece que hay que respetar a las instituciones y la independencia del poder judicial es un elemento primordial para Colombia que no podemos perder. Si genera alguna preocupación, me parece que esto dificulta el proceso de cumplimento de los acuerdos, sin embargo yo espero examinar la sentencia completa cuando la conozcamos porque aún hay solamente un comunicado y habrá que ver si de ese texto completo se encuentren caminos que tranquilicen a quienes como amigos que son de la paz han manifestado preocupación.
E.P: ¿Es tan grave esa decisión?

Hay que resaltar algunos elementos positivos. Por ejemplo, la Corte ha reafirmado que el Congreso es soberano para aplicar los acuerdos, lo cual aleja más esa idea que ha sido calificado como el conejo del dos de octubre, la Corte nuevamente ratifica la competencia del Congreso y mantiene viva la necesidad de un procedimiento especial.

Aprovecho para explicar respetuosamente algún elemento que ha surgido en la discusión. Se dice que la exigencia de la autorización del ejecutivo para cambios de normas viola la separación de poderes, quiero recordar que por ejemplo en materia de la formación del presupuesto el Congreso no puede agregar partidas de gastos sin la autorización del gobierno, y en cuanto al Plan de Desarrollo igualmente, la modificación de la formulación de las futuras inversiones exige también autorizaciones del gobierno, ¿por qué se hace eso?, por la necesidad de mantener la coherencia y la racionalización del gasto.
E.P: Se nota un camino muy difícil para la implementación de los acuerdos de La Habana, ¿cómo percibió el ambiente en Valledupar?

Me agradó mucho que tras una larga reunión donde hubo voceros de los gremios y voceros del sector privado, se reconozca que los elementos de agresión y violencia han quedado atrás, hay naturalmente preocupación por la delincuencia común, pero dijéramos que hay la conciencia de que se ha hecho un enorme aporte a la tranquilidad del Cesar tras la firma del acuerdo, en segundo lugar examiné unas preocupaciones en torno al tema de la tierra.
E.P: La tierra, esa es la preocupación.

Debemos distinguir de lo que se desarrolló en La Habana de desarrollos legales sobre otros temas relacionados con la tierra. Lo que se negoció en La Habana respeta absolutamente la propiedad privada, no se basa en expropiaciones ni en persecución a los que hoy tienen la tierra, se basa en brindar acceso a los campesinos que no la tienen, tomando fundamentalmente tierras que están manos de narcotraficantes y corruptos que el Estado tiene que recuperar, y también abriendo espacios para nuevos modos de explotación de la tierra con mayor densidad de capital en un proceso agroindustrial que Colombia necesita. Lo que se acordó debe generar un mensaje de tranquilidad respecto de la tierra.
E.P: ¿Entonces por qué se armó un tierrero?

Es por el proyecto que empezó a socializar el gobierno, tiene normas bastante discutibles y opiniones que esas normas no se deben llevar a mecanismos extraordinarios ni a forzar una solución sobre esto. Yo creo que deben ser discutidos democráticamente con los gremios, con el Congreso, incluso yo diría que por la vía ordinaria porque realmente ahí hay temas complicados. Lo que se hizo en La Habana no arriesga la propiedad privada, ni significa una de esas viejas reformas agrarias para privar a los propietarios de la tierra.
E.P: ¿Por qué incomodó tanto el informe de la Contraloría General de la República sobre la venta de tierra para engordar baldíos?

El informe se refiere a mecanismos que se utilizaron para agregar distintas parcelas generando predios más grandes, parcelas que provenían de condición de baldíos que fueron adjudicados, existiendo prohibiciones legales de destinar los baldíos a personas distintas a los campesinos que necesiten tierra. Hay una ley del año 94 que es la que ha permitido distintas interpretaciones, el tema existe, es un tema que debe afrontar Colombia, tenemos que resolver ese problema que ha surgido sobre los baldíos. Eso no es producto de lo que se conversó en La Habana, en La Habana no hablamos de derogatoria de normas ni en particular de la ley del año 94, a eso me refiero cuando digo que los demás elementos entorno al uso de la tierra deben ser discutidos democráticamente, incluso con las Farc sin armas, es legitima la labor de las Farc tras la dejación de las armas, que discutamos eso racionalmente entre los colombianos, pensando en el futuro, en lo que le conviene a Colombia, en la enorme posibilidad que tiene en termino de productividad, en producción de alimentos y eso no lo podemos perder.
E.P: Otra preocupación es como se implementará la Jurisdicción Especial de Paz –JEP-. Ya hemos visto como quedan libres personas que han cometido delitos graves, como el caso Arellán (Club El Nogal)

La solución de la Jurisdicción Especial de Paz es para todos los que hayan cometido delitos. Generalmente se piensa en las atrocidades que cometieron las Farc, claro que cometieron atrocidades, pero también agentes del Estado y particulares. Por eso queremos una solución para todos, que en esencia es equivalente. Qué es lo que ocurre en el caso del señor de El Nogal, que ya había cumplido un numero de años que es superior a la pena que probablemente le imponga la Jurisdicción por ese atentado que es horrendo, nadie discute que ese fue un delito atroz, pero en la medida que ha cumplido un número determinado de años, fue liberado condicionalmente, él no ha sido absuelto, ni amnistiado, él tiene que regresar a la jurisdicción especial a darle la cara a las víctimas, a reparar, tiene que pedir perdón, tiene que garantizar la no repetición y lo mismo pasa por ejemplo con oficiales del Ejército que también han salido, es más han salido más oficiales del Ejército y de la Policía que guerrilleros, provisionalmente con un tratamiento especial para todos. La jurisdicción tomará esos casos y tomará las decisiones finales, pero allí no se está aplicando una amnistía, es una solución de justicia condicionada a la presentación de la Jurisdicción.
E.P: La responsabilidad de terceros en la JEP, cómo se va a manejar. Por ejemplo, los dueños de fincas, agricultores, ganaderos, empresarios que patrocinaron grupos armados ilegales.
En la misma línea. Terceros que hayan financiado o apoyado crímenes graves, por ejemplo crímenes de lesa humanidad, tienen que presentarse a la Jurisdicción, contar la verdad y obtener un tratamiento igual, equivalente a los agentes del Estado o la guerrilla que hayan cometido también delitos graves. El que simplemente se haya ocupado de financiar muchas veces con presión que se haya ejercido sobre esos terceros, financiación que no está constituido como factor determinantes por ejemplo para consumar una masacre, a esas personas simplemente se les archiva su causa penal y obtienen una solución equivalente a la que tendría un guerrillero también acusado de delitos menos graves o un agente del Estado también por delitos no perdonables, que tendría un tratamiento equivalente.
E.P: Una integrante del Partido Liberal, su partido, Viviane Morales, defiende un referendo para impedir que solteros, viudos y parejas del mismo sexo adopten, ¿usted qué opina?
A mí me parece que fue una buena noticia que el referendo no se aprobara, porque me parece que hay que deslindar los mecanismos de democracia directa, es decir un referendo para qué sirve, pero no nos sirve para derogar elementos esenciales que provienen de la dignidad humana. Por ejemplo, el caso de discriminación por mucho que se haga un referendo usted no puede instalar mecanismos para desconocer derechos. Pongamos un ejemplo extremo, pero que ilustra: no se puede hacer un referendo para restablecer la esclavitud en Colombia, yo sé que estoy exagerando, pero aquí cuando se le prohíbe a personas solteras o viudas adoptar, es evidentemente un caso de discriminación. Luego me parece que fue una buena decisión del Congreso clausurar ese debate.
E.P: Hablando de política. ¿Cómo vio a los liberales en el Cesar, un partido venido a menos?
Veo que hay entusiasmo, interés en recuperar la actividad política, lo veo totalmente comprometido con la paz, mi mensaje fue el siguiente: aquí tenemos que hacer una alianza más grande y fue además producto de varias intervenciones, lo que propongo es una coalición importante antes de primera vuelta que agrupe a todos los amigos de la paz, no solo liberales, partiendo de la base liberal pero hay movimientos independientes, jóvenes, los que se tomaron las calles luego del dos de octubre, movimientos sociales. Me parece que aquí tenemos que aunar esfuerzos, justamente cuando nos acaban de notificar, como ya lo señalé, que hay intereses, partidos y movimientos, cuyo propósito es volver trizas el acuerdo, eso lo que implica es hacer una alianza mayor que va más allá del liberalismo.
E.P: ¿Le han propuesto ser el precandidato de los liberales?
Pues hay personas que dicen eso, y hoy (en Valledupar) hubo voces en ese sentido.
E.P: ¿Pero usted quiere?
Reitero lo que ya le dije, yo estoy al servicio de la causa de la defensa de los acuerdos y claro cuando uno ve que están en riesgo, entonces siente que tiene una responsabilidad.
E.P: ¿Eso es un sí?
No, eso es lo que estoy diciendo.
E.P: ¿Pero se va a dejar hacer trizas el acuerdo?
No. Justamente los colombianos no podemos permitir eso, lo que tenemos que hacer es agruparnos, sumar fuerzas en esa gran alianza, en esa coalición que me parece debería tener lugar antes de la primera vuelta para garantizar que ese acuerdo se mantenga y no solo el acuerdo, sino la posibilidad de cumplirlo de manera genuina, de sacar del acuerdo las maneras de transformación y cambio en Colombia.
E.P: ¿Qué mensaje le manda al Cesar, un territorio que hoy está de espaldas a la implementación del Acuerdo de La Habana, pues la ciudadanía no le interesa el proceso de paz?
Oí muchas voces en ese sentido, muchas personas insatisfechas, se sienten aisladas, dicen que el Estado nacional está de espaldas, siendo una región rica. Por ejemplo, la producción de leche que es mayor que la posibilidad del consumo, todo el tema del carbón con las preocupaciones de carácter ambiental, por eso me parece que una de las cosas que hay que hacer es recuperar la bandera de la descentralización real para que las decisiones no solo se tomen en Bogotá, un gobernador se gasta más de la mitad del tiempo viajando a Bogotá a gestionar decisiones, debería ser capaz de tomarlas desde aquí y me parece que esa debería ser una respuesta estructural frente a esa inquietud.
E.P: Es decir, que usted está de acuerdo con el reclamo que le hicieron los gobernadores al presidente Santos para los deje administrar la plata del posconflicto.
Claro, en general todo el proceso de descentralización se ha paralizado. Además se ha utilizado el argumento de la corrupción, pero en esto no caigamos tampoco en un error, la corrupción nos está invadiendo a todos en todos los niveles, pero también hay corrupción en Bogotá, entonces lo que no podemos aceptar es esa miopía de ver la corrupción en las pequeñas localidades y no como lo estamos viendo, la gran corrupción en la capital de la república.
E.P: ¿No está de acuerdo con Ocad Nacional de la Paz?
Creo que lo que hay que garantizar es la voz de las comunidades, el acuerdo se basa en que la implementación exige presencia de las comunidades, las Farc sin armas dentro de esas comunidades, pero es la pequeña comunidad la que tiene que priorizar, establecer cuál es el derrotero que debe cumplir, eso se valida, se le da sustento nacional, claro está, y financiación, pero luego regresa para que la ejecución se haga también de manera dirigida a la gran participación comunitaria.
E.P: ¿Pero está de acuerdo con ese gran Ocad?
Habría que mirar las características completas. No quiero comprometer mi voz en eso, pero manifestar que me parce que la filosofía central es que el epicentro ocurra en las localidades.

Por Ana María Ferrer / EL PILÓN
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