En medio de la tensión que se vive en el país por el asesinato de líderes sociales en diferentes zonas y para referirse al panorama con relación los derechos humanos en el departamento del Cesar, Francisco Barbosa, Consejero Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, dialogó con EL PILÓN acerca de lo que hoy se viene haciendo desde el Gobierno nacional con relación a estos importante temas.

EL PILÓN: Desde el gobierno, ¿cómo ven ahora mismo la situación de los líderes sociales?

FRANCISCO BARBOSA: Creo que nosotros hemos sido incisivos con el trabajo para proteger a los líderes sociales por lo menos dentro de la idea de que el Gobierno nacional debía establecer una política pública rápida. Cuando llegamos nos encontramos con que había más de 350 líderes sociales asesinados, es un asunto que viene del Gobierno de Juan Manuel Santos. Nosotros hemos estado enfrentando esta situación con mucha dificultad por varias razones; no existía una institucionalidad sólida articulada que permitiera hacerle frente a ese flagelo que tenemos.

Hemos encontrado un problema de nivel no solamente administrativo con articulación, que digamos está casi resuelto, sino que hemos encontrado problemas también de los factores que generan la muerte de los líderes sociales.

¿Cuáles son esos factores?

En primer lugar una creciente descomposición de ciertos territorios por cuenta del aumento de los cultivos ilícitos, más de 200 mil hectáreas de coca están produciendo que los líderes sociales estén entre la espada y la pared.

Un segundo tema es la minería ilegal, la ausencia del estado en los territorios por cuenta de la falta de una implementación del Acuerdo de Paz adecuada en ciertos territorios, por supuesto todo el tema relativo a bandas criminales y hablo de todos los espectros.

Creo que hay una coincidencia con todos los sectores, han querido politizar el tema de los líderes sociales y el gobierno nacional ha sido enfático en que para nosotros los líderes sociales son absolutamente importantes y estamos en procura de protegerlos y por supuesto un factor agravante muy grande, lo denunció el 30 de diciembre el Alto Comisionado para la Paz, el Eln ha asesinado a seis líderes sociales y 12 miembros de las Farc, estamos hablando de un Grupo Armado Organizado, GAO, que es el Eln que está también generando ese tipo de circunstancias. De hecho, los seis líderes sociales asesinados durante los primeros días del año son personas que nunca habían solicitado medidas de protección, o sea que no estaban en las listas de la UNP, lo que nos hace pensar que esas estructuras criminales están tratando a toda costa de enfrentar al Estado y es un síntoma de algo que ha venido ocurriendo y es la acción de esos delincuentes, es una respuesta a un ingreso masivo del Estado en los territorios tratando justamente de frenar la institucionalidad pero no vamos a claudicar y los líderes sociales están en el corazón de las preocupaciones del gobierno.

¿Qué está haciendo el gobierno nacional para hacer frente a esta situación?

Dos cosas: la primera, poner en marcha el Plan de Acción Oportuna que se firmó el decreto en el mes de diciembre del año pasado, en donde se articulaban esas diferentes posturas de varias instituciones. En segundo lugar, se convocará en los próximos días la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad creada bajo el amparo del acuerdo entre Santos y Farc para efectos de que desde allí, con la participación de la sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales, podamos establecer unas estrategias rápidas con la sociedad.

Además continuar una incursión en los territorios desde el punto de vista no solamente de fuerza pública, Policía y acción del estado, sino también un acompañamiento de las autoridades judiciales, un fortalecimiento de la Fiscalía y por supuesto una provisión de bienes públicos como salud, educación y servicios sociales en cabeza del DPS, de la doctora Susana Correa.

Entre tanto, ¿Cómo les están brindando seguridad a los líderes si no todos están cobijados por la UNP?

La gente que está cobijada por la UNP tiene una protección, los otros como cualquier ciudadano entenderán que estamos hablando de una preocupación que es que necesitamos clarificar exactamente qué se define por líder social dentro de todo esto. Nosotros respondemos a una categoría que construyó Naciones Unidas en la primera década de este siglo y también tenemos que verificar qué significa líder social. Tampoco podemos caer en el error de cualquier crimen que suceda en Colombia ubicarlo dentro de esa categoría, sino que debe estudiarse de forma muy clara y por supuesto para eso la entidad encargada de este asunto es la Fiscalía General de la Nación que al final termina determinando esto.

¿Cómo ha visto el tema de derechos humanos aquí?

Creo que es una panoplia muy grande de temas, pero en conclusión veo un Cesar pujante, que está con problemas pero es un departamento que tiene todas sus autoridades enlazadas y trabajando en procura de una mejor sociedad. Entramos en un año electoral y esto por supuesto va a tener unos escenarios interesantes desde el punto de vista político para el departamento, pero para el Gobierno nacional la política pública no depende de la política, depende de la acción del Estado y la vamos a seguir haciendo sin distingo alguno en el Cesar trabajando por sus ciudadanos.
En el tema de derechos humanos ¿Cuáles son los retos que quedan para el departamento?

Creo que los retos son los siguientes: los derechos humanos no se explican de ninguna otra manera más allá que cruzando los derechos humanos con los diferentes sectores, no son una teoría ni son una definición de universidad. Son un trabajo con los territorios, con la gente, en los lugares, tratando de que mejoren las condiciones de salud, educación, servicios básicos, de controlar cómo se está haciendo, de acompañar esos procesos. Menos escritorios y más territorios.

Daniela Rincones Julio / EL PILÓN
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