Un ciudadano de 32 años presentó una acción de tutela contra el Municipio de Valledupar para que a través de la Alcaldía le den un empleo, aduciendo el derecho al trabajo y salvar su responsabilidad en ciertas obligaciones personales. Este es uno de los cientos de recursos jurídicos que llegan a la Oficina Asesora Jurídica y que obligan a que de inmediato un abogado aborde la defensa del Municipio.

La tutela, un mecanismo que tiene por objeto la protección de los derechos constitucionales fundamentales, aún aquellos que no se encuentren consagrados en la Constitución, en caso de fallarse a favor del demandante podría costarle al Municipio una gruesa cantidad de dinero.

Y ese es uno de los casos puntuales en la Oficina Asesora Jurídica, que solo en lo corrido del 2018 ha visto como los jueces han obligado a pagar más de $350 millones, producto de procesos fallados a favor de ciudadanos vallenatos.

Actualmente, en contra del Municipio cursan 450 procesos jurídicos, básicamente de sectoriales como Educación, Gobierno, Planeación y Tránsito. Un 50 % de las demandas recaen por integrantes de la Secretaría de Educación, el otro restante son peticiones por reparación directa, acción de grupo y proceso medios de control de nulidad y restablecimiento de derecho.

En lo que va corrido del 2018, se han fallado procesos y demandas a favor de la administración municipal por el orden de los $6.500 millones. El jefe de la oficina Jurídica, Miguel Ángel Rocha Cuello, manifestó que la disciplina, orden, acompañada de una política de daño antijurídico y el despliegue de comités de conciliación y defensa judicial, entre otras acciones, ha evitado la fuga de recursos durante este gobierno.

“El Municipio de Valledupar lo que pretende es que esas demandas no sigan siendo falladas en contra y eso se hace desde el escenario de la argumentación y la defensa judicial, con buenos abogados, pero además con buenas políticas públicas”, indicó Rocha Cuello.

Recordó que para la vigencia 2017, se fallaron procesos a favor del Municipio por $12.000 millones, y en contra por $900 millones. Mientras que para el primer semestre de 2018, se han fallado demandas en contra por $350 millones.

“Esto tiene unas connotaciones fiscales importantes, no pagar sentencias significa que nosotros como Municipio tenemos otros recursos para destinarlos a otros sectores como salud, educación, recreación, deporte, entre otros, eso maneja una estabilidad y que estén saneadas las finanzas municipales. De hecho, por eso las oficinas asesoras jurídicas a nivel Latinoamérica han venido tomando una importancia trascendental, porque hoy se miran como el estándar de los abogados que ayudan a tener el equilibrio financiero de las entidades, tal como lo ha dicho el Banco Mundial”, recalcó el jefe de la cartera Jurídica, quienes desde ella ha profundizado en la representación y defensa legal en los estrados judiciales, en aras de aumentar esa tasa de éxito, máxime cuando existen personas inescrupulosas que quieren demandar al Municipio por cualquier cosa.

Sobre el caso de los maestros que piden reparaciones al Municipio, indicó “la causa más frecuente en demandas al Municipio de Valledupar está asociada al gremio de educadores, en contra del fondo del prestaciones del Magisterio, y a nosotros nos vinculan como parte.

La buena noticia para la ciudadanía es que nosotros hemos advertidos que no tenemos legitimización en la causa, es decir, no somos sujetos procesales o demandados, y por eso nos excluyen de los procesos, porque terminan condenando al Ministerio de Educación Nacional especialmente por temas de cesantías, vacaciones, indebidas liquidaciones y demás”.

La Oficina Asesora Jurídica Municipal cuenta con 16 abogados, de los que 10 son para el caso de la defensa judicial y tiene un perfil entre especialista y magíster.

Casos jugosos

Dos casos emblemáticos y por altos en recursos económicos están defendiendo desde el Municipio de Valledupar para no ser obligados a pagar desde los estrados judiciales.

El primero es liderado por 244 cabezas de familia y está en curso en el Tribunal Administrativo del Cesar. Esta, una acción popular, contra la Nación, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Departamento del Cesar, la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar), el Municipio de Valledupar, la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar Emdupar y la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, busca probar o no que a un grupo de pescadores del río Cesar le fueron violentados los derechos colectivos al medio ambiente, a la salubridad pública y al acceso a una infraestructura de servicios públicos, a la prestación de los mismos de forma eficiente y oportuna, y derecho al trabajo, además de la escogencia de profesión u oficio.

Al interior de la demanda aparecen pescadores de Valledupar, La Paz, San Diego, Agustín Codazzi, Astrea, Chiriguaná y Chimichagua, así como a otro grupo de corregimientos como Aguas Blancas, Los Brasiles, Los Calabazos y Guacoche. En caso de fallarse a favor de estas personas, las pretensiones llegarían a más o menos $56.000 millones.

El otro caso ya fue fallado en primera instancia y la Oficina Jurídica del Municipio de Valledupar apeló la medida del Tribunal Administrativo del Cesar, que condenó a la Alcaldía de Valledupar y a la Gobernación del Cesar a pagarle a un particular $56.000 millones por daños materiales y lucro cesante tras permitir la invasión de un lote de su propiedad, hoy conocido como Tierra Prometida.

Los recursos deben ser pagados a José Francisco Guerra Vega, propietario del terreno que para la fecha de la invasión (29 de mayo de 2011) hacía parte de la finca Villanueva.

De los $56.000 millones obligados a pagar, $45.000 corresponden a perjuicios materiales y el resto por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

Miguel Ángel Rocha Cuello considera estos casos “emblemáticos” y “frente a ellos venimos activando la competencia del comité de conciliación, defensa judicial y prevención del daño antijurídico, donde además están los secretarios de Hacienda, Planeación y General, además del jefe de Control Interno, pero para estos casos no hay un solo abogado representando al municipio sino que hay un cuerpo de élite, mucho de ellos con niveles de maestrías y experiencia, así conformamos lo que se llama mesa estratégica”.

Hoy el caso de los pescadores del río Cesar está en alegatos de conclusión, “ese está en riesgo medio-bajo, es decir, tenemos una probabilidad superior al 60 % de ganarlo; nos hemos defendido bien”, dijo Rocha Cuello.

Para la obligación por la invasión Tierra Prometida, indicó “está en el Consejo de Estado y se encuentra en medio-alto porque fue fallado en primera instancia en contra, con ese caso ejercimos el recurso de apelación y estamos haciendo la defensa técnica para que el municipio no salga condenado”.

Casos curiosos por demandas tienen que ver, según Miguel Ángel Rocha, “algo que se denomina abuso del derecho de acción” porque ciudadanos han hecho acciones de tutela buscando que le entreguen un empleo. “El ente municipal no es empleador y lo que hace es generar condiciones económicas”, dice Rocha Cuello.

Otro puntual son los accidentes de tránsito, en el que se ven involucrados dos vehículos en una vía de la ciudad, pero finalmente un abogado pide que se repare a su cliente porque “el municipio tuvo la culpa”.

También hay demandas en curso por ciudadanos que han sido atracados en el marco del día sin moto o día sin parrillero, en las que se pide el restablecimiento de los derechos violentados.