Por: Darío Arregocés

La Ley 975/2005 conocida como: Justicia y Paz, cuyo objeto fue la reincorporación individual y colectiva de miembros al margen de la ley a la vida civil, garantizando los derechos a las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, cumple ocho años de su aprobación tiempo suficiente para mirar sus resultados.

En publicación de fecha 11 de Octubre de 2005, quien esto escribe manifestó premonitoriamente en su habitual columna: “La reparación a las víctimas es otro de los aspectos polémicos, pues se pretende la reparación a los daños a la víctima, causados por dichos grupos (victimarios), sin que sea necesaria la aprehensión, procesamiento o condena del autor de la conducta(s) lesiva(s), como lo contempla el Artículo 5º”. “Consideramos que esta norma soslaya el derecho de todo ciudadano de acceder a la justicia y obtener de ella, la declaratoria de responsabilidad penal en virtud de la cual se identifique, procese, y si es del caso condene al autor del delito y se determine en la misma sentencia la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, con la conducta punible”.

Justamente hoy se puede decir que el comentario de marras, puso el dedo en la llaga, pues sí alguna falencia ha tenido la polémica ley en comento, es en lo que hace a la reparación de las víctimas, pues se limitó prioritariamente a la desmovilización de los grupos al margen de la ley, en su mayoría paramilitares y no se preocupó por las víctimas. Otra de sus falencias, tiene que ver con la Verdad, pues las víctimas en contados casos han conocido los detalles de la muerte de sus seres queridos a manos de estos grupos, pero queda mucha tela por cortar por parte de los cabecillas -determinadores de estos hechos de sangre-, quienes fueron extraditados y posteriormente condenados por narcotráfico por la justicia norteamericana, dejando en el limbo jurídico lo relacionado con los delitos de lesa humanidad.

Según cifras oficiales fueron 52.0000 los desmovilizados, pero no olvidemos que entre ellos se encontraron desempleados, prostitutas y ancianos, en un bochornoso capítulo bautizado eufemísticamente como “falsas desmovilizaciones” y que tiene prófugo de la justicia al entonces Comisionado, Luis Camilo Restrepo.

La ley 975/2005, ha pasado con más pena que gloria y considero que extiende un manto de impunidad a los autores de los crímenes de lesa humanidad, convirtiéndose en una muy sofisticada amnistía.